La ciudad de Trípoli, en el norte de Líbano, se encuentra sumida en el luto y la indignación tras el derrumbe de un edificio de apartamentos que ha dejado, hasta el momento, un saldo de quince personas muertas y ocho heridas.
El siniestro, ocurrido en el humilde barrio de Bab Tabbaneh, ha vuelto a poner bajo la lupa la precariedad de la infraestructura y el abandono estatal que asola a la segunda ciudad más grande del país.
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El siniestro y la respuesta de emergencia
El edificio, una estructura de seis plantas, se desplomó la tarde del domingo, transformándose en una montaña de escombros en cuestión de segundos. Según informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA), los equipos de rescate trabajaron a contrarreloj durante la noche para localizar a sobrevivientes entre las ruinas.
Además de las víctimas fatales, ocho personas fueron trasladadas a hospitales cercanos con heridas de diversa gravedad.
En un giro caótico tras la tragedia, la Defensa Civil libanesa reportó que al menos una persona resultó herida de bala; esto ocurrió cuando residentes locales, enfurecidos y desesperados, se congregaron alrededor del cráter dejado por la construcción y realizaron disparos al aire como señal de protesta y duelo.
Un problema estructural y social
La catástrofe no es un hecho aislado en Trípoli, donde los bajos estándares de construcción y la falta de mantenimiento son moneda corriente. Sin embargo, la magnitud de este incidente ha provocado una ola de rabia en una población que se siente olvidada por el gobierno central.
"Hemos denunciado el estado de nuestras viviendas por años, pero nadie escucha hasta que los techos se nos caen encima", comentaba un vecino de la zona durante las labores de evacuación.
Ante el riesgo de un efecto dominó, las autoridades procedieron a evacuar los edificios colindantes, temiendo que sus cimientos también estén comprometidos.
El gobierno libanés ha anunciado la apertura de una investigación exhaustiva para determinar las causas técnicas del colapso.
Las autoridades aseguraron que se tomarán medidas legales estrictas contra los responsables, ya sean propietarios o funcionarios, que hayan permitido que la estructura operara en condiciones deplorables.
No obstante, en un país sumido en una crisis económica profunda, la promesa de justicia suena insuficiente para los familiares de los quince fallecidos que hoy lloran una tragedia que, aseguran, pudo haberse evitado con voluntad política.
POT