CARACAS. — Unas 18 personas detenidas desde mayo durante protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro fueron liberadas mientras se espera la llegada a Venezuela de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El grupo de manifestantes que se encontraba en instalaciones de la Guardia Nacional y la policía del estado occidental de Yaracuy fue excarcelado la víspera, informó el miércoles a The Associated Press el diputado opositor Luis Parra. Al celebrar la medida Parra afirmó que los manifestantes “nunca debieron estar en un calabozo, no son delincuentes”.
Con estas liberaciones se elevaron a 21 los llamados “presos políticos” excarcelados en las últimas 48 horas. Entre ellos está el diputado opositor Gilber Caro, quien había sido apresado hace casi dos meses por miembros de la policía política que lo mantuvo incomunicado, denunciaron el congresista y sus abogados.
El activista Alfredo Romero, director la organización humanitaria Foro Penal, informó que a pesar de las últimas liberaciones todavía hay 693 “presos políticos”.
La situación de estos prisioneros, que según el gobierno no están detenidos por razones políticas sino por delitos comunes, será uno de los puntos que abordarán los miembros de los grupos de derechos humanos en el encuentro que sostendrán el jueves con Bachelet, indicó a AP el activista Carlos Nieto, coordinador general de Una Ventana a la Libertad.
En la reunión con Bachelet también se abordarán la crisis social y del sistema de salud y la situación de las cárceles y los calabozos policiales, donde han fallecido más de 90 reclusos en los últimos dos años durante motines, y los casos de 134 presos que murieron en 2018 a consecuencia de tuberculosis y desnutrición, precisó Nieto.
La expresidenta chilena estará entre el 19 y el 21 de junio en Caracas y sostendrá encuentros con Maduro y el líder opositor Juan Guaidó además de otras autoridades venezolanas y representantes diplomáticos. En su visita también tiene previsto reunirse con organizaciones humanitarias y víctimas de violaciones de derechos civiles y políticos.
El viaje de la alta comisionada ha generado gran expectativa debido a que desde hace varios años no visitaba Venezuela un funcionario internacional de alto nivel en materia de derechos humanos. El antecesor de Bachelet, Zeid Ra'ad al Hussein, había solicitado venir a Caracas pero las autoridades le negaron el pedido y lo acusaron de emitir comentarios “infundados” e “irresponsables” al denunciar violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano.
El director de la división de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que la visita de Bachelet será una decepción si sólo se reúne con funcionarios, líderes de la oposición y representantes de la sociedad civil. "Ella puede hacer eso a través de Skype desde Ginebra", indicó Vivanco a AP. "La prueba de fuego es si ella puede obtener acceso a una prisión de su elección, inspeccionar las condiciones y reunirse en privado con los presos políticos. Eso es lo único que dará sentido a este viaje ", agregó.
A horas del arribo al país de Bachelet en las redes sociales se difundieron diferentes denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
En uno de esos mensajes la diputada opositora Delsa Solórzano invitó a la alta comisionada a que recorra el país y vea lo que sufren los venezolanos por la crisis económica y social. “Hay civiles y militares encarcelados sólo por levantar su voz contra la satrapía”, dijo Solórzano en su cuenta de Twitter al dirigir un mensaje a Bachelet.
La visita de la alta comisionada se da a pocas semanas de la presentación de un informe final sobre Venezuela. En marzo la exmandataria chilena manifestó su preocupación por la “magnitud” y “gravedad” de la repercusión de la crisis sobre los derechos humanos y sostuvo que las sanciones económicas que recibió la corporación petrolera estatal venezolana podrían agravar la situación.
En esa oportunidad Bachelet afirmó que las autoridades “se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad” de la crisis en materia de salud, alimentación y servicios públicos, por lo que las medidas que han adoptado “no han sido suficientes”. Asimismo, se refirió a las denuncias de asesinatos extrajudiciales cometidos por integrantes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía nacional y las violaciones y abusos de derechos humanos ocurridos en las protestas antigubernamentales cometidos por presuntos miembros de las fuerzas de seguridad y grupos pro oficialistas armados conocidos como “colectivos”.
cog