Al menos 278 periodistas se vieron forzados a marcharse de Nicaragua en los últimos seis años para escapar de la persecución del gobierno de Daniel Ortega, según un informe divulgado este lunes por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
"La cifra de periodistas exiliados es de aproximadamente 278 entre personas periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de medios de comunicación", dijo la ONG en un informe trimestral sobre la libertad de prensa en el país centroamericano.
¿Qué se sabe sobre los periodistas?
El balance anterior era de 263, lo que implica que 15 periodistas se exiliaron en el trimestre julio-septiembre, según la FLED, que opera desde Costa Rica.
"El recrudecimiento de la represión estatal ha forzado al exilio a varios de ellos y ha empujado a otros a retirarse del oficio como una medida de sobrevivencia", indica el informe, que también critica las reformas legales aprobadas por Managua para silenciar las voces críticas.
La ONG, que forma parte de la red regional en defensa de la prensa Voces del Sur, señaló que julio, mes del aniversario del triunfo de la revolución sandinista de 1979, "marcó un periodo particularmente difícil para los periodistas en Nicaragua".
Agregó que ese mes los comunicadores "enfrentaron un alarmante aumento de asedios, allanamientos y robos de equipos tecnológicos" e indicó que desde entonces está "en condición de desaparición forzada" la periodista Fabiola Tercero.
"Ninguna entidad gubernamental ha brindado información sobre su paradero, y tampoco estaba en el grupo de [135] nicaragüenses excarcelados y desterrados a Guatemala el 5 de septiembre", indicó FLED.
El 6 de septiembre, un colectivo de prensa guatemalteco afirmó que Tercero figuraba entre los 135, pero después borró ese comunicado de sus redes sociales.
FLED indicó que los "discursos estigmatizantes no cesan", pues el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, "continúa utilizando a sus personeros [...] para atacar a los periodistas y [...] amenazarlos con la aplicación de las leyes represivas vigentes".
La ONG criticó la reforma a la ley de ciberdelitos, que elevó las penas y abrió la vía para condenar a personas por publicaciones en las redes sociales.
MQ