Más de dos meses después del inicio de la peor crisis en décadas en Nicaragua, donde los muertos suman ya 212, la Organización de Estados Americanos (OEA) se comprometió este viernes finalmente a involucrarse en la búsqueda de una solución.
La crisis nicaragüense entró ayer por primera vez en el consejo permanente de la OEA, el órgano en el que se reúnen regularmente los 34 países miembro a través de sus embajadores, con la presentación del informe final que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó, tras la visita que en mayo hizo al país centroamericano, para investigar la violencia.
Su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, y la relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola, pusieron sobre la mesa 212 muertos, la mayoría jóvenes, en el marco de las protestas que arrancaron el 18 de abril contra el gobierno de Daniel Ortega, tras la aprobación por decreto de una reforma de la seguridad social, y acusaron al ejecutivo del ex guerrillero sandinista de aplicar la “violencia estatal” para disuadir a los manifestantes.
“La respuesta de represión a las protestas ejercida por el gobierno de Nicaragua ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos humanos”, señala el informe, de 97 páginas.
El documento constata un “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados y concluye que “el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia”.
En Nicaragua, la Iglesia católica celebró el informe. “Gracias a la CIDH por mostrar la verdad del genocidio perpetrado contra el pueblo de Nicaragua de parte del gobierno!”, reaccionó Silvio Báez, arzobispo auxiliar de Managua.
Más allá de los 212 muertos, hasta el día 6 de este mes la CIDH contabilizó mil 337 heridos y 507 detenciones arbitrarias.
En la sesión se guardó un minuto de silencio por las víctimas.
El informe de la CIDH cayó mal al gobierno de Ortega. “Es subjetivo, prejuiciado y notablemente parcializado”, aseguró su ministro de Exteriores, Denis Moncada, presente en Washington. “No es política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso represivo y arbitrario de la fuerza”.
México anunció que presentará próximamente una propuesta de implicación en la búsqueda de una solución tras consultar con otros países y la secretaría general.
“Los miembros de la OEA tenemos un papel que jugar”, manifestó el embajador mexicano, Jorge Lomónaco.
El embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, pidió “elecciones anticipadas, justas y libres”. “No hay otra para solucionar esta crisis”, aseguró.
Su petición de elecciones parece encajar a priori con el planteamiento del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que trabaja con Ortega en una reforma del sistema electoral.
“Nosotros hemos propuesto un camino a andar en materia de democracia; la realización de elecciones generales, presidenciales y parlamentarias anticipadas en un plazo mínimo de nueve meses, dada la necesidad de rehacer el registro electoral, y un plazo máximo de 14 meses”, dijo ayer Almagro.
Una de las críticas de la oposición, que saludó ayer el informe de la CIDH, es que no hable de excluir de esos comicios a Ortega.
La semana que viene llegará a Nicaragua una misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, invitada bajo presión esta semana por el gobierno de Ortega, junto a la Unión Europea (UE) y la CIDH.
El 3 de julio arribará el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un mecanismo de investigación internacional para el que la OEA y la CIDH obtuvieron la anuencia de Ortega.