Managua y Washington
El gobierno de Daniel Ortega rechazó la visita solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Nicaragua, donde organizaciones de derechos humanos denuncian ya más de 60 muertes en el marco de las protestas contra las reformas de pensiones.
La CIDH informó ayer en un comunicado que el gobierno de Ortega le pidió esperar al desarrollo de los procesos internos iniciados en el país, apuntando al diálogo que ha aceptado tener con distintos sectores de la sociedad bajo el monitoreo de la Iglesia católica. La respuesta llegó en una carta con fecha 1 de mayo.
“La CIDH continúa preocupada por la respuesta estatal a las muertes y los heridos que cobró la represión de las protestas, así como la respuesta del Estado en relación con las manifestaciones”, indicó en un comunicado.
“En ese sentido, la CIDH reitera de manera urgente su solicitud de anuencia al Estado para la realización de una visita”, insistió.
Reunida en República Dominicana en el 168 Período de Sesiones, la Comisión anunció su decisión de instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para dar especial atención a la situación de derechos humanos en Nicaragua.
Las fuerzas de seguridad de Nicaragua actuaron con violencia contra las protestas iniciadas el 17 de abril contra una reforma de la Seguridad Social que afectaba a las pensiones, aprobada por decreto y luego derogada.
En tanto, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) por boca de su presidente, cardenal Leopoldo Brenes, planteó que el anunciado diálogo entre gobierno y sociedad debe “revisar el sistema político (del país) desde su raíz, para lograr una auténtica democracia”, mientras un nuevo ataque de presuntos grupos oficialistas a la rebelde Universidad Politécnica de Managua, que dejó seis estudiantes heridos, uno de ellos de gravedad.
El cardenal, y arzobispo de Managua, no explicó qué significaría “revisar el sistema político”, cuando sectores opositores exigen la renuncia de Ortega.
También pidió “esclarecer” el tema de las víctimas de las protestas, que según el gobierno son 10, pero según organismos humanitarios, son al menos 63.
Cientos de militantes sandinistas de la revolución de 1979, como la poeta Gioconda Belli y la ex comandante guerrillera Mónica Baltodano, opuestos a Ortega por su “deriva dictatorial”, apoyaron en una proclama a los “valientes estudiantes” que se han enfrentado al poder, condenaron el “espantoso baño de sangre”, exigieron se invite a la CIDH y la ONU al país, así como el establecimiento de una Comisión de la Verdad independiente.