En Barcelona no lucen más banderas independentistas que antes. La estelada —la bandera catalana de franjas rojas y amarillas, con un triángulo azul y una estrella blanca similar a la cubana— está presente en balcones, autos y bares desde hace años, cuando el independentismo catalán todavía no parecía estar tan decidido como ahora.
El deseo de miles de personas, mostrado en la consulta del 9 de noviembre de 2014 y en las elecciones plebiscitarias de 2015, acompañan la determinación del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont (Convergéncia, derecha nacionalista), investido desde el 12 de enero de 2016 gracias a los votos claves de la Candidatura de Unidad Popular (CUP, izquierda).
“Votaremos” —el 1 de octubre (1-X) en el referendo ilegalizado por la justicia española—, repite todos los días Puigdemont y los miembros de su gabinete, quienes también se mueven contra las medidas dispuestas por el gobierno central del jefe del gobierno de España, Mariano Rajoy, del conservador Partido Popular (PP).
Las últimas medidas podrían ser motivo de investigación por parte de varios tribunales de derechos humanos, los cuales ya han fallado en el pasado contra las impugnaciones de Madrid.
Registros en periódicos que difunden publicidad sobre el referendo, irrupción en imprentas para llevarse placas de impresión de afiches y papeletas de votación, amenazas a los sitios donde habrá mítines por la independencia y órdenes a las compañías de telefonía para que bloqueen el acceso a las páginas web del plebiscito son parte de una lista de actividades policiales surrealistas a las que apuesta el Estado español.
La psicosis judicial, policial y política mientras la única ciudadanía que se manifiesta es la que adhiere a la consulta, ha llegado incluso a Madrid, donde un juez prohibió la celebración de un acto en apoyo a la consulta en un espacio cedido por el ayuntamiento de la capital.
Mientras en Barcelona, su alcaldesa Ada Colau (de la plataforma ciudadana Barcelona en Común) navega entre el oleaje que provoca un tema que ha rebasado claramente la antigua dicotomía derecha-izquierda.
Colau, quien aseguró que no cedería los colegios para la jornada del 1-X mientras existiera algún riesgo para los funcionarios públicos, saldría poco después anunciando una “solución conjunta” con la Generalitat para poder abrirlos evitando esa situación.
Ella, antigua líder social contra los desahucios de la banca, cree que este “no es el referendo que necesita Cataluña”, aunque a pesar de no estar de acuerdo con las formas —organizarlo contra la decisión del gobierno español–, afirma que la consulta se ha convertido en una cuestión “de derechos y libertades” más allá de cuál sea el resultado.
Ada Colau, acusada de ambigüedad por todos los sectores, fue la encargada de recibir este último sábado a los más de 700 alcaldes catalanes citados por la justicia española por anunciar que abrirían sus colegios el día del sufragio por la independencia.
El 1-X será una votación “normal”, según afirman los independentistas, que se han quedado sin dinero del gobierno central, el cual ahora paga en forma directa a los proveedores de la Generalitat como una manera de evitar que sean los dineros públicos los que costeen la consulta.
También es una incógnita de dónde saldrán las urnas, ya que nadie se presentó a concurso público temerosos de la represalia judicial. A este paso, nadie podrá imprimir las papeletas...
Todo pareciera indicar que el referendo no contará con la legitimidad internacional suficiente, ni tampoco con la participación de la gente que no se manifiesta pero que no tiene entre sus prioridades salirse de un Estado que está haciendo lo posible —menos dialogar— por no desmembrarse.
La duda está puesta en el escenario pos 1-X y en saber si las esteladas seguirán ondeando como un sueño en muchos de los balcones de Cataluña, o si unas horas antes Puigdemont habrá declarado la independencia unilateral. A partir de ahí, ya nadie sabe.