Entidades conservadoras de Estados Unidos comenzaron un nuevo esfuerzo por mantener una ley que fue aplicada durante la presidencia del ex presidente Donald Trump, con la cual se permitía rechazar solicitudes de asilo en la frontera sur por motivos de salud pública.
El 21 de noviembre, 15 estados presentaron lo que se denomina una moción para intervenir, es decir, u pedido de ser parte del proceso legal en torno a la ley de salud pública conocida como Título 42.
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La norma, aplicada por el gobierno de Trump en 2020, permite rechazar a migrantes que solicitan asilo con base en la necesidad de detener la propagación de covid-19.
Esta ley, que caduca el 21 de diciembre, y podrías trastocar las medidas fronterizas en un contexto en el que los republicanos se aprestan a asumir el control de la Cámara de Representantes con planes de hacer de la inmigración una piedra angular de su agenda.
Los estados argumentan que serán víctimas de “daños irreparables ante la caducidad inminente del Título 42”, y que se les debería permitir presentar argumentos mucho antes del 21 de diciembre.
Grupos defensores de los inmigrantes sostienen que el Título 42 perjudica injustamente a personas que escapan de la persecución y que la pandemia fue utilizada como pretexto por el gobierno de Trump para inhibir la inmigración. El 15 de noviembre, un juez falló a favor de los grupos, calificando la prohibición de “arbitraria y caprichosa”.
El juez Emmet Sullivan falló en Washington que inmediatamente debe parar la aplicación de esta ley para familias y para adultos que llegan solos. El gobierno no ha aplicado el Título 42 a niños que viajan solos. El juez aprobó un pedido del gobierno del presidente Joe Biden, sobre fijar el 21 de diciembre como plazo para que caduque la ley, con el propósito de darle tiempo para prepararse.
Son 15 los estados que argumentan que entidades fronterizas como Arizona y Texas, así como otros más lejos, recibirán mucha más inmigración si se deja de aplicar el Título 42. Los documentos judiciales presentados en tribunales sugieren un cronograma para discutir el asunto.
En caso de que el fallo de Sullivan se ratifique, podría afectar las medidas migratorias en la frontera. Cabe señalar que han ocurrido más de 2,4 millones de expulsiones de migrantes en Estados Unidos desde que la ley entró entró en vigor en marzo de 2020.
AA