CARACAS (Reuters) - Un mediodía de finales de abril, mientras en las calles del este de Caracas miles de personas se concentraban para marchar contra el Gobierno de Nicolás Maduro, en el barrio popular 23 de Enero nadie protestó.
Con los rostros cubiertos, ropa negra y armas automáticas, dos parejas de hombres al volante de motos de alta cilindrada hicieron retumbar las serpenteantes calles de la barriada.
La oposición los llama "colectivos" y los acusa de amedrentar a sus huestes para impedirles manifestarse en las zonas más deprimidas de Venezuela, en medio de la ola de protestas que ha remecido el país petrolero.
Aún así, en los últimos años ha ganado terreno en estos barrios con una política a puertas cerradas o iniciativas sociales como recuperación de espacios deportivos o comedores populares, vitales en medio de una aguda crisis económica.
"Como tiene estos grupos armados tan cerca, amenazándolo, el opositor de estas parroquias lo que hace es expresarse de forma clandestina", confesó Celia Fernández, activista del partido opositor Voluntad Popular en el 23 de Enero.
Con "clandestina", Fernández se refiere a mensajes de texto en vez de reuniones, encuentros en apartamentos que reemplazan a mítines al aire libre y golpear cacerolas en lugar de marchar.
"¿Cómo hacemos política? Lo llamamos el 'cafecito': visitamos hasta 40 casitas en un día", relató. "Así nos organizamos, para irnos a las concentraciones, hacer cacerolazos de noche, que tienes que hacerlos con la luz apagada porque pueden hasta dispararte o amenazar a tu familia".
Los "colectivos" se autoproclaman como grupos que defienden el legado de Chávez. Pero a ojos de sus críticos, muchos son bandas dedicadas a sembrar terror entre los enemigos de Maduro.
Hasta las paredes de la comunidad recuerdan el carácter más militante de estas organizaciones: siluetas dibujadas en grafiti de hombres con fusiles en ristre y el lema "colectivos toman Caracas en defensa de la Revolución" se han multiplicado en las barriadas de apiñadas casas multicolores.
LLENANDO UN HUECO
Originalmente, los colectivos proliferaron con el auge del socialismo del fallecido Chávez para que las comunidades pobres del país, por muchos años abandonadas a su suerte, autogestionaran sus problemas con financiamiento del Gobierno.
Hay colectivos que gerencian radios comunitarias, pequeñas empresas también comunitarias o administran planes alimentarios y de atención social gubernamental.
Pero otros grupos radicales recurren a la violencia para defender sus ideales o, incluso, cometen delitos, según la oposición y testigos que han denunciado amedrentamiento.
La Fiscalía dijo recientemente que investiga la actuación de grupos armados en al menos 16 casos en todo el país, en medio de poco más de dos meses de protestas. La oposición los acusa de ser responsables de la muerte de al menos tres de las 65 personas que han fallecido.
"Preocupa la proliferación de estos grupos", dijo la fiscal general, Luisa Ortega. "Si hay una manifestación pacífica no es posible que vengan grupos armados, es necesario el desarme de la población", agregó, denunciando que grupos amedrentaron a estudiantes de secundaria que protestaban en Caracas.
Pero en un país con alarmantes índices de criminalidad como Venezuela y donde conseguir un arma es relativamente sencillo, la actuación de las bandas genera dudas sobre si se trata de hampa común o si tienen motivos políticos.
"Todo aquel elemento, grupo, como quiera que se llame, paramilitar, guerrillero, bandas criminales (...) yo me resisto a llamarlos colectivos, porque colectivos es algo que encarna algo positivo, humano", dijo recientemente el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
"CON LA COMIDA NO SE JUEGA"
A unos kilómetros del 23 de Enero, en las faldas de las verdes colinas que rodean Caracas, se yergue la enorme barriada de La Vega. Allí, la asociación civil Mi Convive, manejada por dirigentes opositores, prefiere la política "social" por lo que, diariamente, ofrece almuerzos para niños y madres necesitadas.
"Hasta 2013, cuando ganó Maduro (las presidenciales), no podíamos ni entrar a muchas zonas de La Vega", confesó Esteban Farías, un militante del partido opositor Primero Justicia.
"Aquí hacemos política sana, desde lo social, y hemos avanzado muchísimo en las zonas populares", confesó en uno de los comedores donde sirven almuerzos gratis a niños.
Por muchos años, el chavismo floreció entre los más humildes que, a través de los programas sociales y el carisma de Chávez, se sintieron reivindicados. No obstante, según recientes encuestas, el 80 por ciento reprueba a Maduro, en los estratos más pudientes y en los más deprimidos por igual.
Los altos precios y la escasez de alimentos tienen a millones sufriendo de hambre. Las medicinas son incluso más difíciles de encontrar. Esto, combinado a una caída de las ayudas sociales del Gobierno ha generado un terreno fértil para el descontento entre las bases del chavismo.
"Yo sí creía en el chavismo y con Chávez era: patria o muerte", dijo Jaqueline Arguinzone, de 51 años, en el zaguán de su casa del 23, que se derrumbó parcialmente por las lluvias.
"Son tantas cosas malas que nos han venido pasando de unos años para acá, que no creo en nadie. Pero en ellos sí. En la gente joven que tiene visión nueva, nuevas perspectivas", agregó señalando a un grupo de activistas del partido opositor Primero Justicia, que la visitaron y ofrecieron remover los escombros.
En el 2010, el oficialismo se hizo con siete de los nueve asientos de la Asamblea Nacional que le correspondían a Caracas, donde se asientan varias barriadas. Pero cinco años más tarde, en las siguientes elecciones legislativas, la oposición se llevó ocho de los nueve curules de la capital.
Desde su acera, Maduro alega que sus adversarios intentan derrocarlo, lo que aviva la tensión entre los vecinos de bandos políticos contrarios. El mandatario sostiene que los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia de los líderes opositores Leopoldo López y Henrique Capriles, respectivamente, son organizaciones "terroristas".
Pero activistas opositores denuncian que se les condiciona la recepción de los beneficios de programas sociales del Gobierno, cuando sospechan de su participación en protestas.
Para suavizar los embates del desabastecimiento que ha hundido su popularidad, el Gobierno emprendió a fines del 2016 un programa de distribución de alimentos conocido como CLAP. Los beneficiarios pueden comprar productos básicos, como leche y arroz, a bajos precios, a través de organizaciones comunales.
"En mi sector no se toca cacerola. Se llegó a ese acuerdo para no poner en riesgo el beneficio del CLAP. Usan la comida para amedrentar", confesó Farías, quien también forma parte de un comité del CLAP, un espacio hasta hace poco ocupado sólo por el chavismo.
"Pero ya la gente no acepta eso. Con la comida no se juega", concluyó.