El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció hoy que en los próximos 30 días evaluará las negociaciones que adelantó su antecesor Juan Manuel Santos, con las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Durante los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a realizar una evaluación responsable, prudente y completa del proceso de conversaciones que durante 17 meses se ha adelantado con el ELN”, sostuvo Duque en su primer discurso como jefe de Estado.
Dio que se va “reunir con las Naciones Unidas, la Iglesia Católica y los países que han venido apoyando dicho proceso, para que en el marco de la independencia y la institucionalidad del Estado, compartan con nosotros el balance” acerca de los diálogos con el ELN.
Dejo claro “que un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional, y tiempos definidos. Queremos avanzar pero el pueblo colombiano no tolerará que la violencia sea legitimada como medio de presión al Estado”.
El ELN es la segunda fuerza insurgente que está activa en Colombia, con una fuerza de combatientes entre dos mil y dos mil 500, de acuerdo con las estimaciones de los organismos de seguridad.
Para Duque “la legalidad implica que trabajemos por la seguridad ciudadana. Que tengamos mecanismos para georreferenciar el delito, que desarticulemos estructuras", indicó.
Llamó a perseguir a quienes "inducen a los niños a la tragedia de la droga, que sancionemos con cadena perpetua a los proxenetas, a las “Madames”, a los violadores y asesinos de menores y de mujeres y que nos concentremos en la prevención del crimen”.
Legalidad, dijo, significa “que formemos una sociedad de valores, que desde edad temprana formemos en cívica, urbanidad y respeto para sembrar en los ciudadanos una muralla ética que complemente las enseñanzas del hogar”.
“Quiero invitarlos a que juntos construyamos la legalidad enfrentando la corrupción con todas nuestras fuerzas", apuntó, al anunciar "que vamos a empoderar a la ciudadanía para denunciar los corruptos y que ellos sepan que todos los estamos mirando y los vamos a señalar”.
Prometió en endurecer “las penas para los corruptos y les aplicaremos que no gocen de casa por cárcel ni reducción de penas, vamos a sancionar severamente a empresas, dueños y gestores que corrompan funcionarios, prohibiendo su contratación con el Estado, vamos a promover los pliegos tipo en todos los contratos de las entidades estatales”.
Limitará “a no más de tres períodos la presencia en cuerpos colegiados de elección popular, hacer imprescriptibles los delitos contra la administración pública y hacer de la publicación de la declaración de renta de todos los funcionarios un deber constitucional”.
“Hoy con agrado y motivación presento ante el país y el Congreso este paquete anticorrupción porque la defensa de la ética pública es de todos y juntos tenemos que lograrlo”, subrayó el presidente de Colombia para el periodo 2018-2022.