BUENOS AIRES.- Docentes y estudiantes de universidades públicas de Argentina se movilizaron el jueves al centro de Buenos Aires en protesta por los bajos salarios y el ajuste presupuestario aplicado por el presidente conservador Mauricio Macri en un conflicto que mantiene suspendidas las clases desde hace cuatro semanas y para el cual no se avizora una solución inmediata.
La “Gran Marcha Universitaria”, que también contó con la adhesión de sindicatos docentes, organizaciones sociales y partidos de la oposición, comenzó frente al Congreso y concluyó en la Plaza de Mayo, frente a Casa de Gobierno.
La jornada en defensa de la educación pública viene precedida de huelgas durante cuatro semanas en 57 universidades, la toma de instalaciones educativas y el dictado de clases en la vía pública. Un centenar de colegios preuniversitarios se han plegado a las medidas de fuerza contra el drástico ajuste aplicado por Macri en distintas áreas del Estado.
Argentina se enorgullece de su sistema de educación pública y gratuita, incluso para ciudadanos extranjeros. Pero desde la década de 1990 ha sufrido recortes a su presupuesto sin importar el signo político del gobierno de turno, lo cual ha deteriorado no sólo el poder adquisitivo de los profesores y la calidad de las instalaciones, sino también los programas de investigación.
“Hay un plan sistemático por parte de este gobierno por terminar con la educación pública, gratuita y de calidad”, afirmó el profesor Marcos Carnivalli, de la Universidad Nacional de la localidad bonaerense de Lanús.
El docente, que llevaba una tijera de cartón como metáfora del recorte, sostuvo que la movilización “no solo tiene que ver con nuestros bolsillos sino con el futuro del país porque es la educación”.
El jefe de gabinete Marcos Peña afirmó que el Ejecutivo “está convencido de la importancia de la universidad pública” y “ha duplicado el presupuesto universitario y está trabajando para resolver una situación salarial”. Macri se reunió recientemente con los rectores universitarios.
Al mismo tiempo, el gobierno está obligado a reducir el abultado déficit fiscal como se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de un acuerdo sellado en junio por 50.000 millones de dólares para combatir la crisis cambiaria.
El conflicto universitario se da en un contexto de aumento constante en tarifas de los servicios públicos y el transporte y los precios de los productos básicos, que se han disparado en los últimos tres meses a raíz de la fuerte depreciación del peso que el gobierno no consigue atajar.
Los gremios docentes exigen a Macri una actualización de los salarios de al menos 30% en consonancia con la inflación anual que reconoce el propio oficialismo. Aunque el gobierno está dispuesto a mejorar su oferta inicial de 15%, el diálogo está empantanado.
mvls