SANTIAGO. — Una oleada de repudio se mantenía el lunes en Chile luego de que la víspera se saquearan y quemaran dos iglesias a manos de encapuchados. Los hechos de violencia salpicaron la conmemoración del primer aniversario de un estallido social que derivó en un plebiscito constitucional a celebrarse el próximo domingo.
El presidente Sebastián Piñera llamó a condenar a “una minoría de delincuentes” que incendió los templos, saqueó pequeños comercios y vandalizó inmuebles públicos y privados en el marco del pacífico festejo del estallido en la Plaza Italia, el punto de reunión de las protestas en la capital chilena.
“Sé que algunos grupos minoritarios van a intentar entorpecer o ensuciar ese proceso (el plebiscito), no se los vamos a permitir”, advirtió Piñera, quien también garantizó a los 14,7 millones de ciudadanos habilitados para votar el domingo que podrán “emitir su voto con libertad, con paz y con seguridad”.
El alcalde de la céntrica comuna de Santiago, Felipe Alessandri, donde se encuentran las iglesias, dijo que “sin ser experto en inteligencia, lo de ayer era predecible, yo hubiese esperado que se hubiese logrado contener de mejor manera los destrozos... con más presencia policial”.
La policía había anunciado que 40.000 agentes custodiarían el orden público en el país.
Un informe policial dijo que hubo 107 “eventos violentos”, 580 detenidos en todo el territorio y 118 agentes lesionados.
Mientras decenas de miles de personas se manifestaban la víspera, a pocos metros encapuchados atacaron la histórica iglesia de La Asunción, armaron una barricada con fuego en la calle e incendiaron el templo. La policía civil dijo que se encontraron restos de acelerante en el lugar.
A un par de cuadras, otros enmascarados arremetieron contra la iglesia institucional de la policía, San Francisco de Borja, que vandalizaron e incendiaron en un sector que fue controlado por policías y bomberos, aunque por la noche las llamas recrudecieron y consumieron varias partes del inmueble.
El arzobispo de Santiago, Celestino Aos, dijo que los atentados “afectan al alma, nos han herido y afectan el alma de los chilenos el alma de los católicos. Nosotros queremos un Chile donde reine la paz”.
Es la segunda vez que ambas iglesias son vandalizadas. En noviembre y enero último fueron atacadas por encapuchados que saquearon figuras religiosas con las que después levantaron barricadas encendidas.
Políticos oficialistas y de oposición se sumaron al repudio por el incendio de las iglesias.
Varios organismos internacionales acusan a la policía de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante la represión de las masivas protestas que siguieron al estallido social. Un reciente informe del autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos señala que entre octubre de 2019 y marzo último presentaron 2.520 querellas por abusos, de las cuales 2.340 están dirigidas a funcionarios policiales.
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SANTIAGO. — Una oleada de repudio se mantenía el lunes en Chile luego de que la víspera se saquearan y quemaran dos iglesias a manos de encapuchados. Los hechos de violencia salpicaron la conmemoración del primer aniversario de un estallido social que derivó en un plebiscito constitucional a celebrarse el próximo domingo.
El presidente Sebastián Piñera llamó a condenar a “una minoría de delincuentes” que incendió los templos, saqueó pequeños comercios y vandalizó inmuebles públicos y privados en el marco del pacífico festejo del estallido en la Plaza Italia, el punto de reunión de las protestas en la capital chilena.
“Sé que algunos grupos minoritarios van a intentar entorpecer o ensuciar ese proceso (el plebiscito), no se los vamos a permitir”, advirtió Piñera, quien también garantizó a los 14,7 millones de ciudadanos habilitados para votar el domingo que podrán “emitir su voto con libertad, con paz y con seguridad”.
El alcalde de la céntrica comuna de Santiago, Felipe Alessandri, donde se encuentran las iglesias, dijo que “sin ser experto en inteligencia, lo de ayer era predecible, yo hubiese esperado que se hubiese logrado contener de mejor manera los destrozos... con más presencia policial”.
La policía había anunciado que 40.000 agentes custodiarían el orden público en el país.
Un informe policial dijo que hubo 107 “eventos violentos”, 580 detenidos en todo el territorio y 118 agentes lesionados.
Mientras decenas de miles de personas se manifestaban la víspera, a pocos metros encapuchados atacaron la histórica iglesia de La Asunción, armaron una barricada con fuego en la calle e incendiaron el templo. La policía civil dijo que se encontraron restos de acelerante en el lugar.
A un par de cuadras, otros enmascarados arremetieron contra la iglesia institucional de la policía, San Francisco de Borja, que vandalizaron e incendiaron en un sector que fue controlado por policías y bomberos, aunque por la noche las llamas recrudecieron y consumieron varias partes del inmueble.
El arzobispo de Santiago, Celestino Aos, dijo que los atentados “afectan al alma, nos han herido y afectan el alma de los chilenos el alma de los católicos. Nosotros queremos un Chile donde reine la paz”.
Es la segunda vez que ambas iglesias son vandalizadas. En noviembre y enero último fueron atacadas por encapuchados que saquearon figuras religiosas con las que después levantaron barricadas encendidas.
Políticos oficialistas y de oposición se sumaron al repudio por el incendio de las iglesias.
Varios organismos internacionales acusan a la policía de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante la represión de las masivas protestas que siguieron al estallido social. Un reciente informe del autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos señala que entre octubre de 2019 y marzo último presentaron 2.520 querellas por abusos, de las cuales 2.340 están dirigidas a funcionarios policiales.
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