Falló a favor la Suprema Corte de Estados Unidos en suprimir el programa ‘Quédate en México’, política migratoria que obliga a los solicitantes de asilo a esperar a que se resuelva su caso fuera del territorio estadounidense. El programa fue instaurado en 2019 por el entonces presidente Donald Trump.
En su primer día en la Casa Blanca, el actual presidente Joe Biden, intentó acabar con esta política, pero un tribunal de Texas ordenó reinstaurarlo y el gobierno federal recurrió ante el Supremo, que ha fallado a su favor al considerar que la decisión no vulnera la ley.
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El presidente Joe Biden detuvo la política de “permanecer en México” en su primer día en el cargo, pero un juez lo obligó a restablecerla en diciembre.
Actualmente, con cinco votos a favor y cuatro en contra, los jueces de la Suprema Corte mencionaron que el memorándum de acabar con el programa no afecta ninguna ley.
Además las autoridades judiciales determinaron que la administración de Biden actuó correctamente al tratar de poner fin a la política de Trump, la cual fue formalmente conocida como Protocolos de Protección de Migrantes.
Política de migración
La medida establecía que las personas migrantes que solicitaban asilo en la frontera entre México y Estados Unidos, esperaran en territorio nacional mientras se decidían las situaciones.
Los jueces concluyeron que el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, se equivocó al considerar que la ley federal de inmigración exigía enviar a los migrantes de vuelta a México si no había espacio suficiente para detenerlos en Estados Unidos.
Los jueces también desestimaron la decisión del 5º Circuito de anular la decisión del gobierno de junio de 2021 de poner fin al programa. El gobierno de Trump adoptó en 2018 la política y dificultó que ciertos migrantes no mexicanos, incluidos los solicitantes de asilo que temen ser perseguidos en sus países de origen, sean liberados en Estados Unidos para esperar los procedimientos. Alrededor de 68 mil personas fueron afectadas por la norma desde que entró en vigor en 2019 y hasta que Biden la suspendió.
MRG