El panorama de la justicia internacional se encuentra en un momento crítico tras la decisión de suspender a Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI).
Esta medida, tomada por el comité ejecutivo de la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes tras una votación el pasado lunes, surge después de que investigaciones internas determinaran que el abogado británico incurrió en una "conducta indebida grave" y un "incumplimiento grave del deber".
Hallazgos sobre la conducta de Karim Khan
Desde hace más de dos años, Khan, de 56 años, ha estado en el centro de un escándalo por presunta conducta sexual indebida con una asistente. Según documentos vistos por The Associated Press, una investigación previa realizada por la ONU en abril halló pruebas de "contacto sexual no consentido" que habría ocurrido en su oficina, en su residencia privada y durante misiones oficiales.
Aunque un panel de tres jueces seleccionados para evaluar jurídicamente las conclusiones determinó que el informe de la ONU no era lo suficientemente concluyente, dado que la CPI opera de manera independiente a las Naciones Unidas, la gravedad de los testimonios ha forzado al tribunal a remitir a Khan a nuevos procedimientos disciplinarios.
Este proceso no tiene precedentes para el tribunal, que se ha visto obligado a crear nuevas normas para gestionar la situación.
La defensa legal ante la suspensión en la CPI
Por su parte, Khan ha mantenido una postura firme de negación ante todas las acusaciones. A través de su equipo legal, el fiscal calificó la suspensión como "ilegal, procesalmente injusta y sin sustento probatorio".
Sus abogados han prometido "tomar todas las medidas necesarias para impugnar la decisión, proteger sus derechos y garantizar que se respete el debido proceso".
A pesar de su defensa, Khan ya se había apartado temporalmente de sus funciones en mayo de 2025 mientras se esperaba el resultado de las indagaciones. La fiscalía de la CPI ha intentado calmar las aguas afirmando que son "plenamente conscientes del deber de cuidado" hacia su personal y que su prioridad sigue siendo garantizar un entorno de trabajo seguro y respetuoso.
Reacciones sobre la protección de las víctimas y el futuro de la fiscalía
La gestión del caso ha generado críticas contundentes por parte de organismos de derechos humanos. Danya Chaikel, de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, señaló a la prensa que la omisión del nombre de la presunta víctima en los comunicados oficiales demuestra un problema sistémico:
"la mujer en el centro de este proceso es casi invisible, como lo ha sido con demasiada frecuencia a lo largo de este proceso".
Este conflicto interno ocurre en un contexto de alta presión política externa. Desde que asumió el cargo en 2021, la labor de Khan se ha visto obstaculizada por sanciones internacionales, particularmente las impuestas por el gobierno de Trump debido a las investigaciones de la CPI sobre Israel.
La decisión final sobre su futuro queda ahora en manos de la Asamblea de los Estados Partes, cuya presidenta, la jueza Tomoko Akane, ha instado a concluir el proceso con la "máxima prioridad" para preservar la integridad del tribunal mundial.
DF