Grupos de independentistas catalanes tomaron carreteras y vías de tren en el aniversario del referéndum de autodeterminación ilegal celebrado hace un año.
Basándose en esa votación, impulsada por el entonces presidente Carles Puigdemont y en la que según su ejecutivo dos millones de personas apostaron por la secesión, el 27 de octubre se proclamó una república que nunca se llegó a aplicar.
Un año después de ese referéndum, que fue posible gracias a la colaboración en la clandestinidad de miles de ciudadanos, los grupos más radicales presionan al nuevo gobierno, liderado por Quim Torra, que ha iniciado un tímido diálogo con Madrid.
"Hoy hace un año que votamos independencia (...) Pasamos a la acción", recordó en Twitter la cuenta de los Comités de Defensa de la República, asociaciones radicales que reclaman la ruptura inmediata con España.
Sus diferentes asociaciones repartidas por toda la región cortaron por sorpresa la línea ferroviaria de alta velocidad entre Barcelona y Francia,distintas autopistas y también algunas calles de la capital catalana.
Las movilizaciones deben continuar a lo largo del día, con una marcha al mediodía de universitarios, que convocaron una huelga para recordar el referéndum, y una manifestación independentista por la tarde en Barcelona que "se haga efectivo el deseo de la mayoría del pueblo de Cataluña".
"Los CDR aprietan y hacen bien en apretar", reaccionó el presidente catalán Quim Torra desde Sant Julià de Ramis, el pequeño pueblo donde hace un año tenía que votar Puigdemont pero se lo impidió la llegada de la policía que cargó contra los electores.
"Tenemos que actuar las próximas semanas con la misma determinación" que el 1 de octubre, insistió, cuando la acción de su gobierno empieza a generar tensión con los independentistas más radicales.
El primer d’octubre és i serà sempre el dia que el poble català va demostrar el seu immens compromís amb la democràcia i la llibertat. El seu compromís insubornable amb els drets civils i polítics.
El sábado, la policía regional dependiente de su propio gobierno cargó fuertemente contra una manifestación independentista que intentaba llegar a un acto para homenajear a los agentes enviados hace un año por Madrid para evitar el referéndum.
La votación del año anterior supuso el momento de máxima tensión entre Barcelona y Madrid tras años de auge del independentismo en esta región de 7.5 millones, dividida a partes iguales sobre la secesión.