“Mayor, ¿afirma solemnemente, bajo pena de perjurio, que el testimonio que dará en este asunto ante el Tribunal será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?”, le cuestionó la jueza a la mayor Jane Leemon, representante legal de las fuerzas armadas de Estados Unidos, al ex miembro de las Fuerzas Armadas, David J. Mendoza González. Evidentemente, la respuesta fue sí.
“¿Por qué lo dejaron salir del país?, ¿pidió permiso para ir a México?, ¿qué tipo de rango tenía?”, fueron algunas de las preguntas que le lanzó la fiscal del Departamento de Justicia, Susan D. Zeke. Leemon le respondió que el acusado era nada más y nada menos que un soldado de primerísimo nivel.
En un hecho inusual, una organización delictiva mexicana ha sentado en el banquillo de los acusados de una Corte Federal –a cargo de la jueza Kathryn Starnella– a miembros del Ejército estadunidense (The United States Army, en inglés) al revelar que un miembro en activo de “primer nivel”, estuvo coludido durante años con narcotraficantes en operaciones de tráfico de fentanilo.
TELEDARIO tuvo acceso a 66 documentos de una transcripción de un juicio que se lleva a cabo en Oklahoma, las cuales revelan los detalles de la colusión con el narco y cómo ha alcanzado a miembros de las Fuerzas Armadas Estadunidenses, que entre sus principios juraron lealtad, deber, respeto, servicio desinteresado, honor e integridad.
El acusado es David J. Mendoza González, de 26 años, nacido en California y con familia en México, quién aprovechó sus contactos en este país para convertirse en un miembro de un cártel de la droga. Entre 2021 y junio de este año fue parte de una operación ilegal para llenar de fentanilo la ciudad de Tulsa, Oklahoma, donde vive poco más de medio millón de personas.
El soldado, a la par de estar en activo en el Ejército, además era ex reservista de la Marina de Estados Unidos, evidenció que los negocios sucios dejaban ganancias visibles: una de las evidencias en su contra es cómo se paseaba por el barrio con un Mercedes-Benz negro.
Además se reveló que también facilitaba la entrada a personas por la frontera sin cobrarles un centavo, pero con la condición de que trabajaran un año distribuyendo drogas para él.
Hoy miembros de alto rango del Ejército de Estados Unidos están sentados en el banquillo de los acusados, jurando decir la verdad debido a la presunta colusión de uno de sus integrantes con los cárteles mexicanos.
En marzo del 2022 arrancó la investigación: la DEA se apersonó en Tulsa para tratar de entender cómo estaba operando una organización del narco mexicano en Oklahoma, una zona que no había sido foco rojo para las autoridades antidrogas de ese país. A través de varios informantes averiguaron que se estaban traficando grandes cantidades de fentanilo, metanfetamina y heroína desde México.
Montaron vigilancia en distintos puntos y así lograron detectar movimientos entre automóviles que resultaron ser transportes de heroína y fentanilo para un cártel.
En la avenida 4041 de South Sheridan Road, los investigadores observaron un Honda Accord verde estacionado al lado de un Ford Fusion rojo. Un hombre salió del Honda y subió al Ford y, poco después, volvió a subir a su vehículo con una bolsa de compras blanca. Contenía drogas, pero los agentes no lo detuvieron. Dejaron que corriera la investigación.
Un mes después en ese mismo 2022, le colocaron al Honda un sistema de localización GPS que los llevó hasta el número 528 South 38th West Avenue, en Tulsa, Oklahoma. Era la casa de un militar y ex reservista de la Marina: David Julián Mendoza González. Les llamó la atención que ahí estaba estacionado un lujoso Mercedes negro.
Durante la guardia que montaron, se dieron cuenta que demasiados vehículos de distintas marcas estaban estacionados afuera de la casa del militar. Al revisar los registros de propiedad se dieron cuenta que todos esos coches estaban a nombre de él y de su esposa. Algo no cuadraba con el sueldo típico de un militar.
Fue así que llegaron hasta un testigo cooperador que identificó a Mendoza González como un "jefe" de una célula del cártel mexicano en Tulsa que distribuía fentanilo. El informante aseguró que Mendoza González era el encargado de recibir la droga, para luego distribuirla entre los lugartenientes de la organización en Estados Unidos.
También aseguró que era en la casa de Mendoza González, donde se almacenaban las drogas que serían distribuidas por toda Tulsa. De hecho, por esos días y gracias a las pistas que aportó el testigo colaborador, el servicio postal interceptó paquetes dirigidos a su dirección que contenían fentanilo.
Sin embargo no fue el único que lo acusó: otro testigo colaborador de la DEA le dijo a los investigadores que los paquetes eran enviados directamente por el cártel.
¿Cómo operaba el mando de las Fuerzas Armadas de EU con el narco?
Fue la declaración de un tercer acusado que decidió cooperar con el Departamento de Justicia, quien revelaría que Mendoza González pagó la cuota que cobraba el coyote para cruzar la frontera desde México. Sin embargo, previo a eso, lo condicionó con una especie de contrato en el que el inmigrante se obligaba a trabajar un año vendiendo drogas para el militar. Así pagaría su deuda. Y este mexicano, ahora testigo en su contra, se convertiría en uno de sus vendedores estrellas.
Cada mes, David Julian Mendoza González le proporcionaba entre 700 y mil gramos de heroína, unas 4 mil o 5 mil pastillas de fentanilo y 250 gramos de polvo de fentanilo. Dice que obtenía ganancias de hasta 3 mil dólares por día. A veces el militar recogía personalmente las ganancias de la venta y otras ocasiones se las depositaban en su cuenta bancaria.
Durante el cateo los investigadores encontraron en su casa una caja fuerte con 27 teléfonos celulares, un libro de registro de drogas, una agenda con nombres y números de clientes con palabras en español, una pistola y un rifle AR-15.
La agenda fue comparada en base de datos de la DEA y se encontró que los nombres de algunos de los clientes estaba conectado a numerosas investigaciones en todo Estados Unidos. Mendoza González también tenía un Mercedes, este blanco, que había comprado recientemente en efectivo.
De hecho el día que lo detuvieron, había conducido ese automóvil hasta la base militar de Fort Carson, no muy lejos de Tulsa, donde estaba asignado.
Jennifer Cruz, la esposa de Mendoza González, fue entrevistada por agentes de la DEA. Fue ella quien les dijo que cuando vivían en Tulsa, ni David Julian ni ella tenían un trabajo, y ella pensó que era "posible" que Mendoza González vendiera drogas cuando de repente empezó a manejar sus coches Mercedes del año.
Militares de EU, acusados por relacionarse con el narco
Este juicio ha obligado a personal de alto nivel de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a sentarse en el banquillo de los acusados de una corte en el Distrito Norte de Oklahoma. En una transcripción de julio de este año, puede leerse que incluso ha sido llamada a declarar la mayor Jane Leemon, defensora jurídica del Ejército.
Esta abogada lee su incomodidad. Miembro del Equipo de Combate de la Segunda Brigada, de la Cuarta División de Infantería, confirma que recientemente el caso de un “soldado de primera clase” llegó hasta su escritorio.
Explicó que el Ejército nunca le dio permiso para viajar a ningún otro lugar, incluido México, y que hay un proceso para que un miembro del servicio activo obtenga permiso de su comandante inmediato.
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La abogada confirmó que quieren deshacerse rápido de este caso: el Ejército de los Estados Unidos ha iniciado el procedimiento de separación de Mendoza González, quien seguirá siendo miembro del servicio activo hasta que se complete dicho procedimiento, pero además de eso no hay forma factible de que el órgano castrense controle a Mendoza González o lo confine.
“La mayoría de los miembros militares, especialmente aquellos en Fort Carson, tienen autorizaciones de seguridad que requieren una sesión informativa detallada antes y después de un viaje internacional”.
Además el gobierno ha revisado los registros de Mendoza González en la Reserva del Cuerpo de Marines que muestran que fue dado de baja por mala conducta.
Hoy la fiscalía sostiene que Mendoza González era un "jefe" de una célula en Tulsa, la cual suministraba drogas y que su verdadero comandante era un cártel de la droga mexicano.
El juicio se ha vuelto un mar de reclamaciones, de cartas de la defensa, más que un intento por comprobar que era un buen militar.
Mientras tanto, la fiscalía asegura tener un disco duro con 10 de las extracciones de teléfonos celulares que equivalen a aproximadamente 318 gigabytes, con informes, imágenes, resultados de laboratorio y órdenes de búsqueda con un total de 995 archivos.
El pasado noviembre fue detenido James Clifford McElwee, quien presuntamente sería su cómplice. Mientras tanto ha llegado la primera orden: el militar debe entregar como compensación uno de sus Mercedes-Benz que lo delataron.
KT