El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dispone a autorizar la polémica venta de equipamiento militar a las fuerzas policiales, prohibida por su predecesor Barack Obama, dijeron fuentes de la Casa Blanca.
Funcionarios vinculados al tema indicaron que Trump reanudará este programa creado en 1990, que en 25 años permitió transferencias de equipos militares a la Policía por un total de 5 mil 400 millones de dólares, reafirmando la idea de que es un presidente de mano dura.
Quienes se oponen a esta medida sostienen que dotar a la policía con bayonetas, lanzagranadas y aviones no tripulados (drones), empeoró el vínculo con la comunidad y llevó a una virtual carrera armamentista en las calles de Estados Unidos.
Pero quienes apoyan esta decisión afirman que este equipamiento permite a la policía garantizar mejor la seguridad pública, aprovechando excedentes de existencias militares.
En mayo de 2015, el entonces presidente Obama decretó terminar con lo se consideró una militarización de la policía, después de la controvertida actuación policial en protestas en Baltimore (Maryland) y Ferguson (Misurí).
Ocho meses más tarde, el gobierno comenzó a retirar el equipamiento prohibido.
"A veces, la respuesta de la policía a esas protestas era una operación 'militar'", señaló un informe de 50 páginas encargado por la Casa Blanca de Obama.
Durante los disturbios, se vieron "oficiales de policía en vehículos blindados, con uniformes a menudo asociados con el ejército, y sosteniendo armas de tipo militar".
Esas protestas se produjeron por el asesinato de hombres negros desarmados por parte de la policía.
Según la ley estadunidese, el uso de armas mortales por parte de la policía sólo es justificable si un sospechoso representa una amenaza real para un oficial o la comunidad.
Incluso después de las reformas de Obama, la policía todavía podía usar vehículos blindados, Humvees, drones y palos antidisturbios, pero sólo en circunstancias muy específicas.
Trump está "haciendo todo lo posible para restaurar la ley y el orden y apoyar a nuestra policía en todo Estados Unidos", dijo el fiscal general Jeff Sessions.
En respuesta, el senador republicano Rand Paul mostró su profundo desacuerdo, deplorando que se "subsidie la militarización".
"La militarización de nuestra aplicación de la ley se debe a una expansión sin precedentes del poder del gobierno en este ámbito", advirtió en Twitter.