"Nadie nos hará cambiar", aseguró este miércoles el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, en respuesta a las amenazas de sanciones vertidas por algunos países occidentales desde que promulgó la "ley antihomosexualidad 2023", considerada como una de las más represivas del mundo.
"El NRM [Movimiento de resistencia nacional, el partido en el poder] nunca ha tenido un doble lenguaje, lo que les decimos de día es lo que les decimos de noche. Así, la firma del proyecto de ley ha terminado, nadie nos hará cambiar", declaró Museveni durante una reunión de los miembros del partido, citado en un comunicado difundido por la presidencia ugandesa y en la página oficial del NRM.
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El presidente Museveni instó a los ugandeses a mantenerse firmes y subrayó que la homosexualidad es una cuestión grave que atañe a la raza humana.
Felicitó a los legisladores por su apoyo y agregó que cuando luchan por una buena causa nadie puede vencerlos", recoge el comunicado, que da cuenta del discurso del mandatario pronunciado el miércoles ante 400 parlamentarios del NRM congregados en Kyankwanzi, a unos 200 km al sur de la capital.
La ley establece duras condenas por mantener relaciones con personas del mismo sexo e incluye una disposición que penaliza la "homosexualidad agravada", lo que implica que personas reincidentes puedan ser ejecutadas, aunque hace años que Uganda no aplica la pena capital.
La aprobación de esta ley provocó indignación entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos y numerosos países occidentales.
Los activistas ugandeses por los derechos humanos instaron a la comunidad internacional a adoptar sanciones contra sus dirigentes.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tachó el lunes la norma como una "trágica violación" a los derechos humanos y exigió su derogación.
Biden se pronuncia al respecto
Biden también pidió que se evalúe lo que la normativa implica para "los compromisos de Estados Unidos con Uganda", incluyendo inversiones y ayudas.
El mandatario agregó que su gobierno estudia la posibilidad de imponer sanciones a Uganda y de restringir la entrada a Estados Unidos de personas implicadas en abusos contra los derechos humanos o en corrupción en el país africano.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que el gobierno de Uganda está obligado a proteger los derechos de todos sus ciudadanos y que "no hacerlo socava las relaciones con sus socios internacionales".
MQ