Cualquier negocio podría negar sevicios a personas LGBT en Estados Unidos

Biden dice estar "profundamente preocupado" por el riesgo de que la sentencia aumente la discriminación contra la comunidad LGBT+.

En 2018, la Corte Suprema dio la razón a pastelero cristiano que negó preparar una tarta de boda para una pareja gay | Especial
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La Corte Suprema de Estados Unidos dio un espaldarazo a los conservadores al permitir que algunos comercios se nieguen a prestar servicios a parejas LGTB por motivos religiosos y al invalidar una medida del presidente Joe Biden para cancelar parte de la deuda estudiantil.

El tribunal reestructurado por el expresidente republicano Donald Trump, ya abolió la política de discriminación positiva en las universidades, uno de los logros de la lucha por los derechos civiles de los años 1960.

Las sentencias se adoptaron con los votos a favor de los seis jueces conservadores, en contra de la opinión de los tres progresistas, justo antes de que la Corte comience su pausa estival.

En el 2023 el tribunal enterró el derecho federal al aborto, ratificó el derecho a portar armas y limitó los poderes de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, los republicanos aplaudieron cada una de las decisiones y los demócratas se opusieron.

Biden dice estar "profundamente preocupado" por el riesgo de que la sentencia aumente la discriminación contra la comunidad LGBT+. 

El alto tribunal dictaminó que empresas que atienden al público y desempeñan actividades creativas pueden invocar la libertad de expresión para negarse a prestar un servicio contrario a sus valores.

Lo hizo en respuesta a Lorie Smith, una diseñadora gráfica que se describe como una cristiana devota y se niega a crear páginas web para parejas homosexuales. Acudió a la corte en protesta contra una ley de Colorado (oeste) que prohíbe la discriminación por orientación sexual, con sanciones de hasta 500 dólares.

Esta sentencia es la culminación de una batalla legal de la derecha religiosa desde que la Corte Suprema legalizó en 2015 el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En un video, la diseñadora gráfica reaccionó diciendo que "el gobierno nunca debería obligar a nadie a decir cosas que no quiere decir".

La decisión "estigmatizará a las familias LGBT+", lamentó Sarah Kate Ellis, presidenta de la asociación GLAAD, que defiende a esta comunidad.

En 2018, la Corte Suprema ya dio la razón a un pastelero cristiano que se negó a preparar una tarta de boda para una pareja gay. Pero entonces se basó en motivos técnicos, sin llegar a promulgar principios generales.

La Corte Suprema dictaminó que su gobierno se había extralimitado en sus competencias al adoptar un programa sin la autorización del Congreso.

Esto priva a Biden de una medida esencial de cara a las elecciones presidenciales de 2024, en las que espera ser reelegido con el apoyo de la clase media y los más desfavorecidos.

El presidente reconoció estar decepcionado pero anunció que persistirá con un nuevo plan en el que buscarán aliviar la deuda estudiantil.

En Estados Unidos la enseñanza superior es muy cara y casi 43 millones de personas piden préstamos estudiantiles federales por un total de 1,630 billones de dólares.

Al comienzo de la pandemia, el gobierno de Trump congeló el reembolso de estos préstamos en virtud de una ley de 2003 que le permite "aliviar" a los titulares de deudas estudiantiles en caso de "emergencia nacional". Esta medida expira el 31 de agosto.

Anticipándose a este plazo, Biden anunció en agosto su intención de anular 10 mil dólares de las deudas de los prestatarios que ganaran menos de 125 mil dólares al año y 20 mil dólares de antiguos beneficiarios de becas.

Se presentaron 26 millones de solicitudes, según la Casa Blanca, con un costo superior a 400 mil millones de dólares.

Los tribunales bloquearon la aplicación de este plan por denuncias de una coalición de estados republicanos y de dos estudiantes que no podían acogerse a la condonación.

Acusaban al gobierno de usar el dinero de los contribuyentes sin la aprobación del Congreso y estimaban que la ley de 2003 cubre la congelación de la deuda y no su cancelación.

La magistrada progresista Elena Kagan disiente porque "el tribunal sustituye al Congreso y al Poder Ejecutivo en la formulación de la política nacional de condonación de préstamos estudiantiles".

Biden anunció que el nuevo plan se apoyará en otro texto, la ley de la enseñanza superior de 1965.

JB

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