En los últimos diez años, ocho estados del país han firmado convenios con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el propósito de contar con apoyo permanente en labores de seguridad pública, ante la ola de violencia que aqueja a sus entidades por la presencia del crimen organizado.
Las Fuerzas Armadas despliegan mensualmente más de 56 mil elementos en todo el país, entre soldados, marinos y pilotos, para realizar labores de seguridad y llevar a cabo acciones para reducir la violencia.
El año pasado, cuatro mil soldados fueron desplegados en seis entidades para brindar apoyo de manera permanente, derivado de convenios; la mayor parte de estos efectivos se concentraron en Sinaloa, donde existe una disputa entre los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, así como en Nuevo León, donde aún hay presencia de células de los cárteles del Golfo y Los Zetas.
En Nuevo León se asignaron mil soldados; Durango con 300; en Michoacán 500; Sinaloa con mil 300; en Puebla 500 y en Veracruz 400.
En respuesta a dos peticiones de información, la Sedena señaló que en 2011 ningún gobierno estatal solicitó el apoyo del Ejército a través de convenio de colaboración.
Los registros de la institución castrense señalan que Tamaulipas es una de las entidades que ha firmado varias veces convenio.
Actualmente, Tamaulipas enfrenta una guerra entre los cárteles del Golfo y Los Zetas; es el estado que más números de efectivos ha tenido desplegados, solo por convenios de colaboración.
El gobierno tamaulipeco firmó con la Secretaría de la Defensa Nacional durante cuatro años para contar con soldados desplegados en 24 municipios.
Los informes mencionan que 8 mil 670 militares realizaron labores de seguridad de 2012 a 2014, con 2 mil 790 efectivos durante cada año. El convenio no se renovó en 2015, sino hasta 2016, aunque en ese año el número de militares se redujo a 300.
Chihuahua también solicitó el apoyo para que los soldados se desplegaran en Ciudad Juárez, localidad a donde se enviaron mil 331 soldados en 2008; la misma cantidad de militares se concentró en 2009 y en 2010, época en que Ciudad Juárez fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo, por las matanzas que tuvieron su origen por la disputa entre los cárteles de Juárez y Sinaloa.
Cuando Los Zetas y el cártel del Golfo empezaron a disputar Nuevo León, el gobierno estatal firmó un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional, quien ordenó a 508 militares, en 2012, a realizar labores de seguridad en Monterrey y zona conurbada; el apoyo se repitió en 2013 y 2014, con 508 soldados en cada año; la ayuda se pidió de nueva cuenta en 2016, donde el número de efectivos aumentó a 524.
El gobierno del estado de Durango también requirió el apoyo del Ejército, en momentos en que el cártel de Sinaloa se enfrascó en un pleito interno por el liderazgo del grupo en esa región del país.
A partir de 2013, los militares se concentraron en las ciudades de Lerdo y Gómez Palacio con 300 militares; el mismo número de soldados patrulló en 2014 y en 2016.
El estado de Michoacán también firmó convenio de colaboración con la Sedena, desde 2013, cuando el cártel de La Familia Michoacana y su escisión Los Caballeros Templarios escenificaron una batalla por el control de la entidad y por el liderazgo de sus células en los estados de México y Guerrero, entre otras entidades.
En 2013, 380 soldados fueron asignados al puerto de Lázaro Cárdenas; otros 380 llegaron en 2014 y 2015. Sin embargo, en 2015, fue necesario solicitar mayor presencia de militares, porque en octubre de ese año aumentaron a mil los efectivos. Mil soldados más llegaron en 2016.