MÉXICO.- Ocho años después de suscrito, el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió al Senado para su ratificación el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el reconocimiento a derechos de las trabajadoras domésticas.
En medio de la negociación del T-MEC, con este tratado México se obliga a adoptar medidas que garanticen la libertad de asociación sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, así como la supresión de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Al enviar a ratificación el documento adoptado en Ginebra el 16 de junio de 2011, se hace notar que desde abril de este año se implementó en el país el "Programa Piloto para la Incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar al Régimen Obligatorio del Seguro Social", destinado a garantizar el acceso a la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar en igualdad de condiciones frente al resto de los trabajadores.
Ello, para proporcionar cobertura hospitalaria, farmacéutica, atención obstétrica, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro, así como prestaciones sociales dentro de las que se encuentran velatorios y guarderías.
En el documento se explica que el propósito de este Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es garantizar la promoción y protección de los derechos humanos de los trabajadores domésticos.
Obligará a México a instrumentar medidas, de conformidad con la legislación nacional y teniendo en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, para asegurar que estos trabajadores cuenten con la protección de la seguridad social, enfatizando que estas acciones pueden aplicarse de manera progresiva.
Se menciona que, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Socialen 2019 cerca de 2.5 millones de personas se dedican a este tipo de labores, 95 por ciento de ellas son mujeres, y su gran mayoría no gozan de seguridad social o de la protección de un mecanismo afín.
Mientras que alrededor de 85 por ciento se ubica en un rango de edad que comprende entre los 25 y los 65 años, precisa.
mvls