Con la oposición de las fracciones que integran la coalición Por México al Frente, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Comunicación Social que busca regular la publicidad gubernamental en acato a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con 15 votos a favor, ocho en contra y una abstención, los legisladores aprobaron el dictamen que reúne ocho iniciativas de las bancadas de Morena, Movimiento Ciudadano, PRD, PAN, PRI, PVEM, Nueva Alianza, y una más del Congreso de Jalisco.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén, aseguró que la aprobación del dictamen no implica que se someta a votación del pleno de inmediato, y garantizó que se establecerán tiempos para escuchar las opiniones de la sociedad civil.
El dictamen fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que las fracciones presenten sus reservas.
En marzo, la Jucopo acordó que el dictamen de la Ley General de Comunicación fuera votado en la comisión el 16 de abril, acuerdo que no se cumplió.
Guillén detalló que con esta legislación se prohíben mensajes que impliquen un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoquen algún delito o perturben el orden público.
También establece límites a la publicidad en tiempos electorales para evitar cualquier influencia sobre las preferencias de los votantes, por lo que sólo se permitirá la emisión de mensajes de protección civil en casos de emergencia, en educación, salud y similares.
"En lo relativo al gasto en materia de comunicación social se prevé priorizar el uso de los tiempos oficiales del estado y sólo destinar recursos presupuestales para tiempos comerciales cuando se hubieran solicitado primero los del Estado y no estuvieran disponibles en los espacios y tiempos solicitados", destacó la presidenta de la Comisión de Gobernación.
Sofía González Torres del PVEM fue una de las que pugnó por aprobarlo este martes y dejar pendiente las reservas, para no caer en "parálisis legislativa".
En tanto, diputados del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social, se pronunciaron en contra de la aprobación del dictamen y exigir que se escuche la opinión de la sociedad civil para redactar un documento integral que no sólo se limite a la comunicación social, sino que garantice el buen uso de los recursos destinados al gasto de propaganda gubernamental.
Previo a la votación del dictamen, el diputado Juan Pablo Piña, adelantó que la fracción del PAN votaría en contra, tras señalar que no tomaron en cuenta la iniciativa que presentó el diputado Jorge Triana a nombre de la bancada.
El legislador dijo que el documento aprobado no recoge el espíritu de la orden de la Corte que es evitar que los recursos públicos destinados a la publicidad gubernamental tengan un fin electoral o de veto a algún medio de comunicación.
Además subrayó que es una ley imperfecta.
En contraste, su correligionario Eukid Castañón, propuso votar el dictamen en lo general este mismo martes y posteriormente dialogar con la sociedad civil, propuesta que fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la comisión.
Más tarde el diputado federal por Puebla anunció que votaría en abstención.
El perredista Rafael Hernández Soriano señaló que el documento cuenta con "graves errores jurídicos" que impiden garantizar la transparencia en el gasto público que se destina a la propaganda gubernamental.
Añadió que el dictamen no cumple con el acato de la Corte porque busca crear una Ley General de Comunicación Social, mientras que la sentencia del máximo tribunal obliga al Poder Legislativo a regular el párrafo octavo del artículo 134 y no a expedir una Ley General de Comunicación Social.
Luego de la aprobación del dictamen en comisión, la Jucopo establecerá el calendario para que los integrantes de la instancia legislativa se reúnan con organizaciones sociales y escuchen sus propuestas.
Al mismo tiempo, los grupos parlamentarios analizarán las reservas que presentarán para la discusión y votación en el pleno, que se prevé sea el próximo 17 de abril.
De aprobarse en la Cámara de Diputados, la minuta pasará al Senado para su análisis, discusión y eventual aprobación.
El plazo que la SCJN dio al Congreso para legislar en la materia vence el próximo 30 abril, el último día de sesiones ordinarias de la 64 legislatura.