El pasado sábado y domingo, la síndico del ayuntamiento de Tonalá, María Mayra Violeta Velazco García, y el Comisario de Seguridad Pública, Héctor Córdova Bermúdez, cumplieron un arresto domiciliario por desacato a un juez.
Desde sus casas atendieron los pendientes de sus funciones. Estuvieron vigilados por policías del Estado y de la Fiscalía de Jalisco.
Desde el 2012, el uniformado Israel Linares Gallegos, demandó a la comuna por despido justificado. En siete años, las autoridades municipales han sido omisas, se han amparado para evitar ser sancionados y siguen sin pagar el laudo laboral por 855 mil pesos.
El pasado 23 de mayo, un juez de distrito ordenó al municipio pagar al policía de línea que cuentan con una sentencia a favor emitida por Sala Superior del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco. Sin embargo, otra vez no pagaron.
Lo que hizo la representante legal del ayuntamiento fue promover el amparo 1150/2019 y el jefe policiaco, acudió a la justicia federal a través del juicio de garantías 1231/2019 en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa.
“Fueron arrestos como marca la sentencia, no pueden salir de su domicilio, de hecho tienen que estar firmando cada determinado tiempo y tienen vigilancia permanente al exterior de su domicilio”, confirmó el secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva.
Por este caso, también han amparado la coordinadora general de Administración e Innovación Gubernamental, Diana Ascencio Flores y la directora de Recursos Humanos, María Dolores Martínez Mora. Sin embargo, no han concluido con arrestos como sí sucedió con síndico y jefe policiaco.
En entrevista, el secretario general del ayuntamiento de Tonalá, dijo que existe voluntad de pagarle al oficial de línea, pero no hay dinero. A pesar de ello, buscan establecer algún tipo de negociación.
“Decirte que ya hay una mesa de diálogo con el implicado en el juicio, con el demandante para tratar de solucionar el tema por la vía del diálogo y llegar a un convenio y liquidar lo que está solicitando”, afirmó.
Hoy en día, el ayuntamiento de Tonalá adeuda cerca de 35 millones de pesos en 104 laudos laborales hasta este momento.
Sin embargo, en el caso del policía se quiere llegar a un convenio y sobre todo, se busca que entienda la situación financiera por la que atraviesa el ayuntamiento
“Aun así, la idea es llegar a un acuerdo con él”, sostuvo el funcionario quien reprochó el actuar de las anteriores administraciones.
“Eran omisos en los procesos administrativos para despedir a los elementos de seguridad y mucho de los casos a personal administrativo. Tonalá tiene una crisis grave en ese sentido y hay un número importante de laudos para liquidar”, sentenció.