Bajan iniciativa para castigar a encapuchados por actos vandálicos en manifestaciones 

La diputada local del PT Guadalupe Muciño Muñoz, retiró su iniciativa presentada este día en la Sesión Pública Ordinaria tras las reacciones negativas de grupos de lucha social.

Bajan iniciativa para castigar a encapuchados por actos vandálicos en manifestaciones 
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Horas después de que se presentó en el Congreso Local una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado a fin de castigar hasta con 10 años de prisión a aquellas personas encapuchadas que dañen el patrimonio histórico, cultural y artístico de Puebla durante manifestaciones, ésta fue retirada.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la diputada local del Partido del Trabajo (PT) Guadalupe Muciño Muñoz informó que decidió reirar la iniciativa luego de la reacción negativa de grupos de lucha social que no estuvieron de acuerdo con su propuesta.

Derivado de las reacciones de grupos de lucha social que ha causado la iniciativa que presenté, decidió retirar la misma pues soy congruente en todo momento y mis actos van apegados a lo que el pueblo me demande. Guadalupe Muciño Muñoz, diputada local del PT en e

En el comunicado publicado por la diputada local por el Distrito XXI (Atlixco), explicó que en ningún momento intentó criminalizar las manifestaciones, sino ver el contexto de las personas infiltradas en estas movilizaciones que buscan cambiar el sentido de una protesta social. 

Entiendo que causó confusión y se mal interpretó, pero en ningún momento pretendí vulnerar ningún derecho y mucho menos el de las mujeres que alzan la voz, sepan que estoy de su lado y también exijo justicia para y por ustedes. Guadalupe Muciño Muñoz, diputada local del PT en e

La iniciativa presentada en la Orden del Día en el Congreso Local señalaba que si durante una manifestación un protestante con el rostro cubierto realiza pintas o daña una infraestructura urbana, o bien inmueble de alguna institución pública, la sanción a aplicar será de 4 a 6 años de prisión y de 360 días a 500 días de trabajo comunitario.

Por otra parte, la sanción se podría agravar de 6 a 10 años de prisión cuando se cause daño, destrucción, deterioro o alguna alteración al patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y artístico del Estado.

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