MÉXICO.- El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, solicitó a jueces federales una nueva prórroga para el cierre de la investigación complementaria, ya que busca continuar recabando datos de prueba para armar su defensa en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados.
Sin embargo, dado que actualmente se encuentran suspendidos los procesos penales por el plazo de 30 días, para que la defensa del ex funcionario y las partes también pudieran concretar el acuerdo reparatorio en el caso de Agronitrogenados, y un criterio de oportunidad en el asunto de Odebrecht, el ex funcionario deberá esperar a que concluya dicho término.
Funcionarios judiciales explicaron que el periodo otorgado aún no concluye, porque sólo se contabilizan días hábiles; por el periodo vacacional tampoco corrieron plazos.
Una vez que se reinicien los procesos, lo cual se espera ocurra en los próximos días, los jueces de control resolverán si conceden una nueva ampliación extraordinaria a Emilio Lozoya.
Recordaron que el 21 de abril se celebró la audiencia de prórroga de plazo de cierre de investigación complementaria, en la que se estimó fundada la solicitud de la defensa, y se otorgó un plazo de tres meses, los cuales fenecerían el 19 de julio.
No obstante, mediante acuerdo del 1 de julio, se suspendieron los procesos penales por el plazo de 30 días, para que las partes pudieran concretar el acuerdo reparatorio y accediera a un criterio de oportunidad planteado por la defensa a la Fiscalía General de la República (FGR).
El mes pasado, la defensa de Emilio Lozoya también argumentó que necesitaba más tiempo para seguir recabando datos de prueba, ya que buscaba obtener información bancaria de Alemania y Suiza.
En dicha ocasión, Lozoya señaló que pretende presentar un contrato de un banco suizo que guarda relación con los depósitos de Odebrecht.
También desea tener los estados de cuenta de transferencias en un banco de Alemania.
Esta es la quinta vez que Emilio Lozoya pide ampliar el plazo de la investigación complementaria. El próximo 28 y 29 de agosto, se cumplirán 13 meses de que fue vinculado a proceso en los mencionados casos.
Emilio Lozoya aún trata de conseguir un criterio de oportunidad que no solo lo beneficie a él, sino también a su esposa Marielle Helene Eckes, su hermana Gilda Susana y a su madre Gilda Margarita Austin y Solís, quien enfrenta la medida cautelar de prisión domiciliaria.
El 28 y 29 de julio de 2020, los jueces de control vincularon a proceso a Emilio Lozoya por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de la compra de la planta de Agronitrogenados; y por el caso Odebrecht se le vinculó a proceso por el citado delito, y por asociación delictuosa y cohecho.
Respecto a la causa penal de la planta de fertilizantes se le imputó por supuestamente recibir un soborno de 3.5 millones de dólares por parte de Alonso Ancira Elizondo, de Altos Hornos de México (AHMSA), por la compra de la planta chatarra que se localiza en el complejo Pajaritos, en Veracruz.
La FGR alegó que la compra provocó un daño a Pemex por casi 8 mil millones de pesos porque la planta era obsoleta, ya que tenía 14 años sin estar en funciones.
En ambos casos, Lozoya se declaró inocente y dijo que renunció al juicio de extradición, tras ser detenido en España, para que se aclarara su situación y demostrar que no es culpable de los delitos que se le imputan.
Tras ser vinculado a proceso, Emilio Lozoya interpuso una denuncia en la FGR que alcanzó a tres ex presidentes de México y a cuatro ex secretarios de Estado, además de nueve legisladores, políticos y empresarios, que presuntamente recibieron sobornos y se beneficiaron con favores.
La FGR inició una carpeta de investigación y el 13 de abril de este año imputó al ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury por presuntamente recibir sobornos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado, dinero que supuestamente tiene su origen en la constructora brasileña Odebrecht.
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, estimó que las pruebas aportadas por la FGR eran suficientes para presumir que el ex legislador es probable responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.
El juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ante el riesgo fundado de que pueda evadir la justicia. El mes pasado, el juez también decidió ampliar por tres meses la investigación complementaria.
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