CIUDAD DE MÉXICO.- En una sesión ordinaria en modalidad semipresencial, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.
El proyecto, que obtuvo 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones, respalda en todos sus términos la propuesta del Ejecutivo que, entre otros aspectos, prevé la suspensión temporal de los permisos de refinación, transporte, almacenamiento, distribución, compresión, regasificación, comercialización y expendio de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, en caso de “peligro inminente” para la seguridad nacional, seguridad energética o la economía nacional.
De acuerdo con la Comisión de Energía, la propuesta es valiosa en un contexto en que la escasez, el desabasto y las interrupciones en el suministro de hidrocarburos y petrolíferos representan riesgos para la seguridad energética y podrían afectar gravemente la estabilidad del país.
Con esta reforma, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía tendrán la facultad para revocar dichos permisos cuando se compruebe que los hidrocarburos hayan sido adquiridos de forma ilícita o por la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
En materia de política para el almacenamiento mínimo de petrolíferos, la iniciativa plantea incorporar como obligación para el otorgamiento de permisos que el solicitante demuestre que, en su caso, cuenta con la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Asimismo, prevé establecer la negativa ficta al transcurrir el plazo establecido en las solicitudes de cesión de permisos emitidos por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, brindando mayor seguridad al Estado y la sociedad, en razón de evitar que por el simple transcurso del tiempo se ceda un permiso para llevar a cabo las actividades del sector energético.
La iniciativa presidencial busca garantizar la seguridad y la soberanía energéticas para proporcionar y asegurar, por medio de las empresas propiedad de la nación, que toda persona pueda satisfacer sus necesidades energéticas en condiciones dignas y en cantidad suficiente y equitativa.
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