Durango.- El presidente de la Canirac, Miguel Camacho Herrera, señaló que, la propuesta hecha por la diputada Sandra Amaya, respecto a solicitar el certificado de vacunación a las personas para poder ingresar a diversos lugares, es Inconstitucional y violatorio de los derechos, razón por la que no lo estarán apoyando.
En días pasados, la diputada Sandra Amaya, propuso al pleno del Congreso el que, a partir del próximo año, específicamente en el mes de enero, se comenzará a solicitar el certificado de vacunación contra la Covid-19 en diferentes establecimientos, comercios y empresas; subrayando que, para ese momento, prácticamente el 90 por ciento de la ciudadanía ya deberá de contar con al menos una dosis de la vacuna.
En este sentido, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos condimentados (Canirac), comentó que la postura de Canirac Nacional y durango, es de negación a esta solicitud; “se nos hace un tema totalmente discriminatorio, que corte el libre esparcimiento de la gente y esto conlleva a otro tipo de situaciones” dijo.
Y es que a decir del líder restaurantero, en otros estados en donde ya se ha implementado el solicitar estos certificados, fingen que los piden, pero en otros se llegan a dar actos de corrupción, al entregar dinero para que los dejen entrar; “a mi lo que también me preocupa es que en los bares si no lo traes te dicen cómprame una botella o un servicio y pásale, sin ningún problema; entonces esto solo nos va a llevar a un tema de corrupción y jugar un doble juego con el tema del certificado, por esta razón no hay que apostarle más que a la vacunación” expresó.
Fue así que Camacho Herrera, comentó que, por parte de la Cámara también se ha buscado apoyar, impulsar e incentivar a la gente para que se vacunen, ya que mientras el mayor número de mexicanos y en este caso duranguenses lo hagan el riesgo de contagios y de una posible suspensión de actividades, se vuelva más lejano; “entonces lo repito, por parte de la Canirac estamos en contra de pedir estos certificados, porque solo afectara nuestra reactivación económica, propiciara descontento y tampoco podemos obligar a las personas a hacerlo, ellos tienen derechos” concluyó.