Ante los recientes ataques en contra de policías, tanto de corporaciones estatales como municipales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) urgió a las autoridades a brindar garantías a los elementos en seguridad física e integridad personal.
De acuerdo con un documento, el organismo ha contabilizado al menos 37 agresiones en lo que va de la presente administración estatal, entre ellos 25 homicidios.
Consideró que varios de los ataques se han realizado “de forma cruel, como el ocurrido el 21 de junio pasado, cuando un policía, en su día de descanso, fue asesinado en su domicilio y frente a su familia”.
Recordó que se han presentado asesinatos, privaciones de la libertad, desapariciones y agresiones contra los elementos, situación de interés público al generar un clima de inseguridad social.
La comisión advirtió que se integraron las actas de investigación 123/2018, 124/2018, 70/2019, 76/2019, 110/2019 y 122/2019, con relación a las condiciones laborales de los policías, en las que “se identifican patrones de carencia en equipamiento, capacitación y falta de garantías a los derechos de seguridad social, así como salario y prestaciones suficientes”.
En lo que va del año, se han liberado a 53 personas que estaban en cautiverio y se han localizado varias casas de seguridad, lo que podrían ser causas de las agresiones contra los servidores públicos, consideró la CEDHJ. Puntualizó que “la seguridad pública no es posible si a quienes son los principales responsables de garantizarla no se les respetan sus derechos humanos ni cuentan con las condiciones y elementos mínimos para realizar su trabajo de forma adecuada”.
El organismo señaló que hay “graves asimetrías que implican la falta de seguridad social adecuada en la mayoría de los municipios, salarios bajos y no homologados,ni tan siquiera en la zona metropolitana —tal como fue investigado y documentado en la recomendación 35/2017 y la recomendación general 2/2018—, la falta de protocolos de seguridad para las personas policías y sus familias, entre otros”.
Agregó que es elemental garantizar los derechos a las víctimas indirectas, es decir, familiares de los oficiales que murieron en el cumplimiento de su deber, o que se encuentran desaparecidos.
La CEDHJ solicitó a los gobiernos estatal y municipales implementar medidas para proteger al personal de seguridad, principalmente a aquellos que han recibido amenazas o trabajan en la investigación de casos relacionados con la delincuencia organizada; así como elaborar un protocolo que establezca las directrices a seguir ante amenazas o agresiones a los elementos.
También pide que se ordene a quien esté en cargos de dirección y manejo de personal seguir los protocolos que garantice la seguridad.
En el documento, el organismo enfatiza en la necesidad de dotar de seguro de vida a los oficiales para que cuenten con mejores condiciones laborales y dé certeza a sus familias, así como brindar el pago oportuno a sus deudos y se les otorgue asesoría jurídica y sicológica ante la pérdida del ser querido.
Fortalecer acciones para la estabilidad emocional de los uniformados, mediante talleres, y el trato digno de parte de sus superiores también son necesarios, según la Comisión, que destaca la necesidad de hacer adecuaciones reglamentarias y trámites administrativos “con el objeto de dignificar los horarios de trabajo de las y los policías, donde se les garantice un descanso reparador, así como una convivencia sana con sus familias”, así como brindar seguridad social a los gendarmes y sus familias.
Además, solicita que se lleven a cabo las gestiones necesarias para dotar del equipo necesario a los oficiales para que puedan llevar a cabo su trabajo, así como preparación académica.
El organismo pide que “se realice una revaloración de las prestaciones en especie y económicas de las personas policías de su jurisdicción, por lo que se sugiere analizar en el anteproyecto de presupuesto del próximo año, la dignificación de los salarios de las y los policías, pues evidentemente no están a la par del alto riesgo al que se encuentran sujetos”.
Así como que “se realice un análisis de la normativa estatal con el fin de realizar las modificaciones legislativas que sean necesarias, que incluyan los procedimientos, protocolos y directrices que deben seguirse frente a las amenazas y agresiones que sufren las y los policías, determinando con claridad las medidas y acciones que deban emplearse para garantizar su seguridad e integridad personal y de sus familias”.
Peticiones
Al titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como a las y los titulares de los 125 gobiernos municipales:
Primera. Giren instrucciones de forma inmediata a todas las áreas competentes.
Segunda. Se elabore un protocolo normativo que establezca las directrices que deben seguirse frente a las amenazas y agresiones.
Tercera. Se giren instrucciones a los comisarios, comandantes, coordinadores, jefes de grupo y cualquier otra persona que ejerza cargos de dirección y manejo de personal.
Cuarta. Se dote de seguro de vida a favor de las y los policías.
Quinta. Se fortalezcan las acciones para garantizar la estabilidad emocional de las y los policías.
Sexta. Se realicen las adecuaciones reglamentarias y trámites administrativos que resulten necesarios, con el objeto de dignificar los horarios de trabajo de las y los policías.
Séptima. Se garantice de forma urgente el derecho a la seguridad social de las y los policías y de sus familias.
Octava. Se realicen las gestiones necesarias a fin de dotar de mejor equipamiento a las personas policías.
Novena. Se brinden las facilidades necesarias para las y los policías que deseen seguir preparándose académicamente.
Décima. Se realice una revaloración de las prestaciones en especie y económicas de las personas policías de su jurisdicción.