Debido a que ha documentado al menos cuatro casos de muertes de mujeres con órdenes de protección, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), sugiere al Congreso de Jalisco reformas a la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco para que se tipifique como delito el no respetar o violar las órdenes de protección.
El organismo –también- pide cambios a la Ley para la Prevención y la Atención de la Violencia Intrafamiliar para actualizar tipos y modalidades de violencia. Actualmente, se reduce la violencia al espacio privado o el hogar sin considerar que hoy en día existen nuevas modalidades.
Además, solicita establecer rangos de protección para víctimas de violencia; delimitar atribución y responsabilidad de cada autoridad tanto en la emisión como en el control y seguimiento de las órdenes de protección; sobre todo, se considere la actualización permanente de evaluación de riesgo de la víctima.
El peligro que “vive una mujer receptora de violencia, es cambiante y por tanto, debe de ser evaluado y resignificado de manera periódica”, establece la CEDHJ en un informe especial sobre órdenes y medidas de protección para mujeres receptoras de violencia.
Recomienda rediseñar el mecanismo, metodología e instrumento con el que mide el nivel de riesgo de las mujeres violentadas. “Es importante tomar el elemento relacionado con el tiempo que ha durado el ejercicio de la violencia, además de aumento en la frecuencia, gravedad y magnitud del daño causado; ataques previos con riesgo mortal, amenazas de muerte, o el temor de la víctima a que el agresor le prive de la vida y patrones de conducta del agresor como son celotipia, adicciones y uso de armas”, argumenta.
Los casos documentados en las recomendaciones 41/2018, 3/2019 y 5/2019, así como en la investigación hecha, advierten deficiencias en la actuación de las autoridades responsables de proteger la integridad de las mujeres que denunciaron violencia de género en el Centro de Justicia y que contaban con medidas de protección.
De ahí que sugiera crear un reglamento específico para la emisión, control, seguimiento o ampliación de las órdenes de protección, como lo hay en Michoacán y Morelos, que son las únicas entidades federativas que cuentan con un reglamento específico.
En el informe, la Comisión hace referencia al Estudio sobre Desafíos y Oportunidades para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que fue realizado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La Conavim advierte que “Jalisco cuenta con 58% del índice de exposición a la violencia de género colocándose –igual que Ciudad de México y Michoacán– en el sexto lugar con mayor riesgo para las mujeres”.
La CEDHJ dice que preocupa el incremento de casos de violencia en Jalisco. Al igual que las denuncias, el número de quejas ante el organismo han ido en aumento.
Claves
CEDHJ encontró y recomienda:
Dilación y omisiones en la investigación de delitos de violencia contra las mujeres.
Poca o nula coordinación entre los tres niveles de gobierno. S
ugieren una base de datos con expediente único.
Piden mejoras al formato de emisión de las órdenes de protección, ya que carece de información vital.
Al Centro de Justicia para Mujeres, le piden ser eficientes y ágiles.
Que IJCF abata el rezago en la realización de dictámenes psicológicos que son parte fundamental de las carpetas de investigación.
Consideran imprescindible que los demás municipios que cuentan con Alerta de Género.