ESPECIAL.- En México, cada día 41 personas adquieren el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH); hasta 2017 unas 48.6 mil mujeres adultas vivían con el virus, pero los esfuerzos de prevención y detección pueden venirse abajo por la medida del presidente Andrés Manuel López Obrador de no otorgar más recursos a las organizaciones de la sociedad civil.
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Durante más de una década, el Centro Nacional para la Prevención del VIH y el Sida (Censida) entregó recursos federales a las organizaciones civiles para unir esfuerzos en la prevención, detección y atención de las personas con VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). La meta para 2020 es que se diagnostique a 90 por ciento de las personas que viven con el virus.
De acuerdo con Censida, hasta el año pasado 65 por ciento de las personas que se estima viven con VIH conocía de su estado serológico, los esfuerzos por detectarlo han permitido que el diagnóstico tardío disminuya a 36 por ciento en mujeres y en hombres.
Sin embargo, la colaboración entre el gobierno y sociedad civil frente al VIH se detuvo por la decisión del presidente de no transferir recursos públicos a las organizaciones a fin de “terminar con la intermediación, opacidad y corrupción”. Este año en el Presupuesto de Egresos de la Federación se etiquetaron 116 millones 525 mil 102 pesos para dicha tarea.
El subsidio que repartía Censida desde 2006 por medio de una convocatoria, lo empleaban las organizaciones en la compra de pruebas de VIH y condones para prevenir la transmisión, así como en talleres para que las personas con VIH se adhieran al tratamiento. Resultaba de suma importancia, pues llegaban a sectores en los que las autoridades gubernamentales no tienen incidencia.
Como ejemplo, está la organización que preside Georgina Gutiérrez Alvarado, Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, dedicado a la atención de mujeres y hombres que viven con VIH en situación de reclusión, específicamente laboran en el Centro de Readaptación Tepepan.
En entrevista con Cimacnoticias, Gutiérrez Alvarado sostuvo que si el gobierno interrumpe las intervenciones que realiza la sociedad civil para la detección, prevención y control del VIH, lo que está en juego es la salud y vida de las personas.
La organización trabaja desde 1991 y han generado un espacio de confianza comparado con instituciones de gobierno: son expertas, sensibles y atienden a las mujeres de manera directa, terminando con creencias como que morirán por la infección, contó Gutiérrez Alvarado.
El trabajo de Movimiento Ciudadanía Positiva dependía ciento por ciento de los recursos que les otorgaba Censida, por lo que de no abrirse la convocatoria, que normalmente se publica en febrero, la opción dijo Georgina Gutiérrez, sería buscar otros fondos, pero mientras los consiguen se dejaría sin atención a las mujeres privadas de la libertad.
Según Censida los más de 115 millones de pesos que repartieron en 2017 a las organización civiles se destinaron a programas para la detección del VIH, sífilis y otras ITS; intervención integral de detección focalizada; programas para el ministro de insumos de prevención; reducción de daños en personas usuarias de drogas; prevención de la transmisión vertical del VIH y sífilis congénita y para mejorar la calidad de vida de las personas con VIH.
La estrategia que se ha utilizado para combatir la epidemia de VIH es la detección a tiempo de las personas e introducirlas inmediatamente a un tratamiento, que en México es de acceso universal y gratuito, señaló en entrevista el director de la organización Letra S, Alejandro Brito, por lo que detener la convocatoria de Censida implica obstaculizar y poner en riesgo esta estrategia.
De acuerdo con Brito, por ahora Censida se encuentra en el dilema de cómo utilizar los fondos y no perder el trabajo que realizan las organizaciones, pues la institución reconoce el trabajo que ha hecho la sociedad civil.
El director de Letra S lamentó que el Presidente haga tabla rasa sobre la sospecha de corrupción en todas las organizaciones, pues quienes concursan en la convocatoria de Censida rinden cuentas por medio del Sistema de Monitoreo de Acciones en Prevención (SMAP) donde el SAT valida las facturas y recibos, además de las revisiones anuales por la Auditoría Superior de la Federación y del órgano interno de control de la Secretaría de Salud.
IH