Organizaciones de la sociedad civil exigieron que la Procuraduría General de la República se convierta en una "fiscalía autónoma, capaz e independiente", con mejores herramientas para investigar, técnicamente sólida y con controles efectivos para que no funcione por consigna política, corrupción, incompetencia o mera simulación.
En una protesta en el Ángel de la Independencia, más de 200 organizaciones anunciaron la unión de los colectivos "#VamosPorMás" y "#FiscalíaQueSirva" para presentar una propuesta cívica que remplace a la PGR.
Adelantaron que en los próximos días presentarán al Congreso de la Unión un proyecto de dictamen que permita reformar la Constitución y así asegurar la independencia política del fiscal general y las fiscalías especializadas en anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos.
Señaló que la nueva fiscalía debe incorporar criterios de designación que recuperen la legitimidad que ya perdió la PGR, por los vínculos partidistas de las cuotas entre partidos y otras prácticas de control político.
La propuesta se funda en estudios y diagnósticos profundos, además de consultas con decenas de expertos nacionales y extranjeros, reconociendo el trabajo previo de los legisladores.
Al proyecto también se incorporan los planteamientos más sólidos de todas las iniciativas que los partidos políticos y el Ejecutivo Federal han promovido en el Congreso.
En su mensaje, expusieron que quieren una fiscalía autónoma e independiente, pero no una institución sin contrapesos democráticos, por eso proponen la creación de un consejo del ministerio público de la federación.
"Cuando las fiscalías estatales no tengan la independencia necesaria, o cuando se trate de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, la Fiscalía General debería contar con las facultades necesarias para garantizar el recurso efectivo de las víctimas y evitar que estos delitos queden impunes. Por ello proponemos que la nueva fiscalía incorpore facultades y supuestos claros para atraer casos del fuero común que revistan importancia para el ámbito nacional", dijo.
Los colectivos que se unieron en este tema están integrados por organismos empresariales como Coparmex y organizaciones de la sociedad civil como los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vittoria, Tlachinollán, Fray Juan de Larios, Oxfam y Serapaz, entre otras.