La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que acordó hacer pública la información del expediente en que fueron asesinados 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, por tratarse de "violaciones graves" a los derechos humanos.
Sin embargo, la versión pública sólo será entregada a la Fundación para la Justicia, para que ésta informe a los familiares sobre la investigación.
Además, en la Suprema Corte aún está pendiente por resolverse dos amparos más interpuestos por la Fundación para la Justicia y Artículo 19, respectivamente, ante la decisión de la Procuraduría General de la República de reservar las averiguaciones previas de la masacre de los 72 migrantes; la masacre en fosas clandestinas y la masacre de Cadereyta, en 2012.
La CNDH aseguró que recalificó los hechos que contiene el expediente como relacionados con "violaciones graves", a pesar de tratarse de un asunto concluido que se encuentra en fase de cumplimiento, y que de origen no fue calificado como violaciones graves, atendiendo el principio de máxima publicidad y el interés de la sociedad en conocer la verdad de los hechos.
El organismo determinó que los hechos están relacionados con "violaciones graves" a los derechos fundamentales de las 72 personas migrantes que, en un inicio, fueron secuestradas y posteriormente privadas de la vida por un grupo de hombres armados en San Fernando, Tamaulipas.
El 25 de agosto de 2010, la CNDH radicó de oficio ese expediente y en su oportunidad emitió la Recomendación 80/2013 al acreditarse violaciones a derechos humanos. De acuerdo con la Ley de transparencia vigente en ese momento, el organismo reservó el acceso a la información al igual que la PGR.
"Con base en el reciente análisis jurídico se ponderaron los criterios cualitativos y cuantitativos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció para determinar los casos en que ciertos hechos pueden ser considerados como 'violaciones graves' de los derechos humanos, por lo que el 20 de junio de 2017 la CNDH determinó que se actualizaban dichos criterios en el caso de las 72 personas migrantes en comento", explicó en un comunicado.
La CNDH acordó que era procedente la determinación legal de recalificar estos hechos como "violaciones graves" a los derechos humanos de estas víctimas, por lo que se actualizó la ley con que las "violaciones graves" a derechos humanos no podrán ser reservadas.