Luego de que representantes del gobierno del estado tomaron la decisión de aumentar la tarifa del transporte público, en el caso del Macrobús, Tren Ligero y otras rutas a 9.50 pesos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) se pronunciaron este viernes porque se atiendan las demandas con el uso de la palabra y se evite la represión hacia los ciudadanos.
A través de un comunicado, ambos organismos de defensores de derechos humanos, llamaron a las autoridades estatales y municipales, así como a los sectores sociales del estado, a poner en primer lugar el diálogo y el entendimiento, en el marco de la ley, como forma de atender cualquier demanda o inconformidad con motivo del aumento a la tarifa.
Además, exhortaron a los funcionarios a respetar el derecho que tiene la población a la protesta, así como evitar la represión o criminalización de las expresiones ciudadanas, sin violentar leyes ni derechos humanos.
Los organismos defensores de derechos humanos informaron que, luego de que esas protestas realizadas en una estación del Tren Ligero en Guadalajara el pasado 26 de julio, donde fueron detenidas y posteriormente liberadas cinco personas, algunas de las cuales presentaron lesiones, la comisión local emitió medidas cautelares y abrió una queja de oficio para determinar si tales detenciones se ajustaron a los estándares legales y si hubo exceso en el uso de la fuerza por elementos de la Secretaría de Seguridad estatal y de la Comisaría de Guadalajara, lo que fue denunciado en distintos medios de comunicación.
El documento detalla que tanto la CEDHJ como la CNDH dan seguimiento a este asunto, de manera coordinada, desde que iniciaron las diversas manifestaciones de personas inconformes con la citada medida.
La CEDHJ, de acuerdo con sus competencias, conoce e integra las que se han presentado respecto del aumento de tarifas al transporte público, así como aquella que se inició de oficio por la detención y uso de la fuerza contra algunas personas.
Ambas comisiones declararon que se mantendrán observantes de la evolución de los acontecimientos y, en su momento, emitirán el pronunciamiento que conforme a derecho proceda.