Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Marina, al Gobierno de Tamaulipas, a la Comisión Nacional de Seguridad y a la alcaldía de Matamoros por la desaparición forzada y ejecución arbitraria de tres jóvenes estadunidenses y un mexicano, ocurrida en 2014 en Tamaulipas.
El 13 de octubre de 2014, dos hermanos de nacionalidad estadunidense salieron del domicilio de su padre, ubicado en el poblado Control, municipio de Matamoros, Tamaulipas, para reunirse con su hermana, también de origen estadunidense, a inmediaciones del Puente Internacional Libre Comercio Lucio Blanco, conocido como "Puente Internacional Los Indios".
La joven estaba acompañada de un amigo y justos se dirigirían a su domicilio ubicado en Progreso, Texas.
Sin embargo, debajo del puente los jóvenes fueron privados de su libertad de manera arbitraria por servidores públicos de la Primera Zona Naval de la Secretaría de Marina y policías del Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros, conformado a instancias de la alcaldesa municipal en funciones en la época de los hechos.
Los efectivos incautaron tres vehículos propiedad de los detenidos.
Los cuerpos sin vida de los jóvenes fueron encontrados el 29 de octubre del mismo año y presentaban "traumatismo craneoencefálico con fractura de cráneo producido por proyectil de arma de fuego".
La CNDH constató que la detención de las víctimas fue ilegal y arbitraria porque no existió orden de aprehensión en su contra, caso de urgencia o flagrancia que legitimara a los servidores públicos llevarla a cabo.
El organismo acreditó que las corporaciones de seguridad involucradas negaron su participación en los hechos y dijeron desconocer el paradero de las víctimas.
El 13 de octubre de 2014, dos hermanos de nacionalidad estadunidense salieron del domicilio de su padre, ubicado en el poblado Control, municipio de Matamoros, Tamaulipas, para reunirse con su hermana, también de origen estadunidense, a inmediaciones del Puente Internacional Libre Comercio Lucio Blanco, conocido como "Puente Internacional Los Indios".
La joven estaba acompañada de un amigo y justos se dirigirían a su domicilio ubicado en Progreso, Texas.
Sin embargo, debajo del puente los jóvenes fueron privados de su libertad de manera arbitraria por servidores públicos de la Primera Zona Naval de la Secretaría de Marina y policías del Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros, conformado a instancias de la alcaldesa municipal en funciones en la época de los hechos.
Los efectivos incautaron tres vehículos propiedad de los detenidos.
Los cuerpos sin vida de los jóvenes fueron encontrados el 29 de octubre del mismo año y presentaban "traumatismo craneoencefálico con fractura de cráneo producido por proyectil de arma de fuego".
La CNDH constató que la detención de las víctimas fue ilegal y arbitraria porque no existió orden de aprehensión en su contra, caso de urgencia o flagrancia que legitimara a los servidores públicos llevarla a cabo.
El organismo acreditó que las corporaciones de seguridad involucradas negaron su participación en los hechos y dijeron desconocer el paradero de las víctimas.