La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno a emprender acciones encaminadas al combate a la pobreza y reducción de las desigualdades, a través de políticas públicas y procesos de planeación que reflejen una perspectiva de derechos humanos, además de estar sujetos a la participación y escrutinio de la sociedad civil, porque las desigualdades son un obstáculo para el goce de derechos humanos.
De acuerdo con las últimas estimaciones de la pobreza en México, publicadas por la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 53.4 millones de personas en México se encuentran en situación de pobreza, en tanto que 9.4 millones se ubican dentro un escenario de pobreza extrema.
En ese reporte, se destaca también que, en promedio, casi 30 millones de personas en México enfrentan carencias sociales, entre las que se contemplan el rezago educativo, acceso a los servicios de salud, la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda (casi 68.4 millones) al igual que sus servicios básicos, como también a la alimentación.
El estudio elaborado por Coneval da cuenta del contraste en la distribución de la riqueza que se observa en nuestro país, dado que entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla ostentan los niveles más altos de pobreza con 77.1 por ciento, 70.4 por ciento, 64.4 por ciento, 62.2 por ciento y 59.4 por ciento, respectivamente, mientras que Nuevo León, Baja California Sur y Baja California, cada una con 14.2 por ciento, 22.1 por ciento y 22.2 por ciento, reportan los índices más bajos.
Para la CNDH el abatimiento de la pobreza constituye el primer objetivo que plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, dicho imperativo es definitorio para la consecución de los restantes Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Dentro de la agenda de la justicia social, la CNDH hace una atenta invitación a las autoridades, organismos de protección y la sociedad civil en general para consultar el informe "Pobreza y Derechos Humanos" publicado en septiembre de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Igualmente, los estudios en materia de salario mínimo, corrupción, ciudades sostenibles y presupuestos públicos, presentados por este Organismo Nacional, iniciativas a través de las cuales se caracteriza a la pobreza, desigualdad y carencias sociales como restricciones para el goce y ejercicio de los derechos y libertades.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 62/10 del 26 de noviembre de 2007, estableció el Día Mundial de la Justicia Social como una iniciativa encaminada a garantizar resultados equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.