La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a rectificar su decisión de suspender la reforma educativa implementada en la administración de Enrique Peña Nieto y garantizar el derecho a la educación de millones de niños y adolescentes.
El organismo nacional consideró que “nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar”.
“La instrucción dada en el sentido de dejar de aplicar los contenidos constitucionales y realizar el manejo de diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación mediante procedimientos y medios ajenos a los previstos por la Constitución, genera el riesgo de que se produzcan vulneraciones mayores a los derechos de niñas, niños y adolescentes, en tanto las autoridades estarían actuando al margen o fuera de las normas, dejando sin efecto garantías institucionales y propiciando actuaciones discrecionales”, señaló.
Detalló que en el caso de que el marco normativo vigente en materia educativa no resultara adecuado corresponde al poder revisor de la Constitución o en su caso al Poder Legislativo realizar las adecuaciones conducentes.
Asimismo, la CNDH apuntó que existen instancias encargadas de la administración e impartición de justicia, a las cuales corresponderá decidir sobre la legalidad y justicia de normas, hechos y casos que se pongan a su conocimiento.
“La ley, la educación y la vigencia de los demás derechos humanos, no puede ser botín o moneda de cambio ante intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole”, manifestó. Afirmó que es necesario que el Estado cumpla con la obligación de proteger el derecho a la educación y brinde certidumbre sobre los términos y las condiciones en que se hará vigente.
“Son las niñas, niños y adolescentes los principales beneficiarios, por lo que cualquier acción que se emprenda en este ámbito, también debe tomar como premisa de ponderación, la defensa del interés superior que les asiste”, puntualizó.
En ese sentido, insistió en que la educación es un derecho humano fundamental que se encuentra reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por diversos instrumentos internacionales que han sido suscritos en el país.
“Los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes, y la aplicación y cumplimiento de la ley no sea objeto de negociación política”, puntualizó.