El proceso que en este momento se sigue en el Poder Legislativo local, en contra del alcalde de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, debe ser llevado a cabo hasta su término, pues en caso contrario, de omitir la indicación del Tribunal Judicial de la Federación, los diputados podrían ser los sancionados, aseguró el secretario general de gobierno, Adrián Alanís Quiñones.
Cuestionado sobre los señalamientos del alcalde en el sentido de que este procedimiento tiene fines políticos y no jurídicos, el funcionario estatal, explicó “vamos a ser muy claros, todos saben bien que todo esto nace en el poder judicial de la federación y de denuncias que se hicieron en la sala judicial electoral, ahí se estudiaron, litigaron y se pidió que en Congreso emitiera la sanción correspondiente, pero si el Congreso hace caso omiso a la instrucción del poder judicial, podría ser sancionado.
El secretario detalló que esto inicio desde hace muchos meses, que el alcalde ha asegurado que buscara el amparo federal, “pero no es una situación personal ni del Congreso o de un diputado, porque los ha señalado como artífices, pero esto no es creíble”, dijo.
El Gobernador ha sido de alguna manera cuidadoso de no ser protagonista, majadero o grosero, ni andar con sentidos protagónicos, ni buscar pleito en ningún lado, incluso se ha mantenido callado aún y cuando recibe muchos golpes de actores políticos o partidos, o candidatos u organizaciones, “él no ha metido las manos para nada en este proceso eminentemente transparente y donde se debe buscar judicialmente una solución, dijo.
Esta situación no puede afectar una situación que busca aplicar la ley y por el contrario, si no se acata la disposición legal, es cómo podría afectar más al Estado, porque el tribunal ha emitido una instrucción y el Congreso debe cumplirla, para no caer en una situación como las ocurridas en otros Estados donde se ha destituido a cabildos completos, por no haber acatado las indicaciones que da el tribunal, “porque en ese momento el poder judicial de la federación podría actuar en su contra”, comentó el funcionario.
Ante estos señalamientos, agregó, “cualquier persona que se siente agredida busca formas de defenderse, pero cada quien tiene sus propias formas de matar pulgas en sus metates”.
Apunto que en el municipio de Durango no existe riesgo de ingobernabilidad, y que es un asunto que debe litigarse ante las autoridades correspondientes, aunque reconoció que a nadie le gusta estar sancionado o menos en riesgo de ser destituido e inhabilitado y por ello, “debe defenderse hasta las últimas consecuencias, tengo entendido que la última destitución en Durango fue en los años 40, con Enrique Carrola Antuna”, recordó.
Finalmente remarcó que este procedimiento, no debe ser motivo de desestabilidad social en Durango, aunque también dijo que siempre hay actores que buscan echarle más gasolina al fuego, con marchas, mantas y siempre hay una mano que mece la cuna, concluyó.