A más de tres meses de que comenzó a operar formalmente el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), éste sigue incompleto, porque además de que a nivel nacional aún faltan el fiscal anticorrupción y los magistrados, en los estados tampoco se han terminado de conformar sus sistemas para combatir la corrupción a escala local.
De las 31 entidades federativas, apenas 10 cuentan con fiscal anticorrupción, 10 tienen magistrados de sus tribunales de justicia administrativa, seis tienen comité de participación ciudadana y solo tres estados tienen secretarios técnicos de su sistema local, según el monitoreo que ha hecho la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
De acuerdo con la Ley General del SNA, los sistemas estatales deben estar conformados con la misma cantidad de miembros que el nacional, que deben ser los titulares de las instituciones locales.
El retraso en la integración de los sistemas locales anticorrupción en los estados es uno de los seis factores que la Coparmex identificó como elementos que pueden poner en riesgo la lucha en el interior de la República.
Los otros son la falta de autonomía en los órganos de fiscalización estatales, la injerencia ilegal de los gobernadores en la conformación de los sistemas locales anticorrupción, la escasez de interés y de capacitación de los alcaldes para prevenir desvíos de recursos y actos de corrupción en los municipios, así como la falta de coordinación entre todas las instituciones que dan forma a los sistemas locales y la ausencia de organizaciones de la sociedad civil capacitadas que impulsen la agenda de lucha contra la corrupción en cada una de las entidades federativas.
Así lo afirmó en entrevista con MILENIO Alejandro Ríos Rippa, presidente de la comisión anticorrupción de la Coparmex, quien coincidió con el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, y con la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Jacqueline Peschard, quienes también ya advirtieron públicamente de algunos desafíos.
"Sometidos a presiones"
El pasado 19 de octubre, en la inauguración del sexto seminario internacional de la Red por la rendición de cuentas, titulado Poder, corrupción e impunidad, el auditor Portal destacó que los sistemas locales anticorrupción están sometidos a "presiones" que pueden mermar su credibilidad o llegar, en casos extremos, "a copar su actuación a favor de intereses personales o de grupo".
Además de que "desafortunadamente, hemos podido observar que el nivel y la calidad de la participación de organizaciones de la sociedad civil no es en absoluto homogéneo entre las distintas entidades federativas".
Ese mismo día, Peschard afirmó que uno de los principales obstáculos a vencer al interior del SNA es la falta de coordinación y de comunicación entre las instituciones que lo constituyen.
Expuso, por ejemplo, que el problema principal por el que no se sancionan los actos de corrupción es que la Auditoría Superior de la Federación presenta denuncias pero no se sabe si ante estas respondieron correctamente los órganos internos de control o los ministerios públicos.
Aunque en teoría cada entidad federativa debe tener un fiscal anticorrupción, solo Chiapas, Coahuila, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco y Tamaulipas cuentan con uno, lo que significa 31% del país.
Además, solo Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas tienen nombrados ya a sus magistrados del Tribunal Local de Justicia Administrativa.
El 19 de julio pasado, el SNA arrancó incompleto, pues solo 22 entidades habían modificado satisfactoriamente su Constitución local y 21 habían redactado sus leyes secundarias de manera satisfactoria, según el reporte del semáforo anticorrupción elaborado por Transparencia Mexicana, Coparmex y el Instituto Mexicano para la Competitividad.