Facilitar la movilidad laboral, dar piso parejo a las pequeñas y medianas empresas y combatir los actos de corrupción son algunas de las prioridades de México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Casi dos semanas después de que el gobierno de Donald Trump anunció sus objetivos de negociación, la Secretaría de Economía dio a conocer qué es lo que México defenderá en la modernización del acuerdo comercial, la cual comenzará el 16 de agosto.
Las prioridades de México, que fueron enviadas a los legisladores el 31 de julio y publicadas hoy en la Gaceta del Senado, están agrupadas en cuatro ejes temáticos, en los que se incluyen entre cuatro y siete objetivos.
Fortalecer la competitividad de Norteamérica: En este apartado se busca convertir a México en “una plataforma de producción y exportación, promoviendo una mayor participación de más industrias y empresas del país en las cadenas globales de valor”.
Mantener el acceso preferencial para los bienes y servicios mexicanos en los mercados de los países del TLCAN; así como facilitar el acceso de los productos agropecuarios, mediante reglas claras, procedimientos expeditos y eliminación de barreras al comercio.
Propiciar que el comercio de bienes sea más predecible, ágil, y trasparente, procurando mejores procedimientos aduaneros.
Fomentar medidas que eviten que las normas, reglamentos y regulaciones constituyan barreras injustificadas u obstáculos encubiertos al comercio.
Promover buenas prácticas en el proceso de planeación, emisión, implementación y revisión de regulaciones.
Mantener un trato no discriminatorio y de conformidad con estándares internacionales para los inversionistas mexicanos.
Ampliar las categorías para la entrada temporal de personas de negocios, mejorar los tiempos, transparencia, procesos para su ingreso y buscar mecanismos innovadores de movilidad laboral.
Establecer mecanismos de cooperación regional que promuevan el diseño, implementación de programas de desarrollo de competencias laborales y nuevos modelos educativos, para facilitar la adaptación de los trabajadores a los nuevos requerimientos del mercado laboral.
Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable: Aquí se busca dotar de un “piso parejo” a los emprendedores para que se incorporen al comercio internacional, además de incluir disposiciones laborales, medioambientales y de género.
Generar mecanismos de cooperación regional que fomenten una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de proveedurías regionales.
Fortalecer el cumplimiento de las disposiciones nacionales y los compromisos internacionales en materia laboral.
Establecer medidas contra los actos de corrupción que afecten el comercio y las inversiones.
Fortalecer la cooperación y el diálogo entre los países del TLCAN en materia de comercio y medio ambiente, y buscar mejorar la infraestructura fronteriza.
Incorporar la perspectiva de género en algunas disposiciones del tratado.
Aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI: El gobierno de México plantea incluir en la renegociación las oportunidades que abrió a la inversión la reforma energética y el desarrollo de nuevas tecnologías.
Actualizar el alcance sobre disposiciones sobre energía, a fin de aprovechar el potencial derivado de los cambios ocurridos en la industria energética de México.
Impulsar el desarrollo de la economía digital, el comercio electrónico y la provisión de servicios financieros a través de plataformas digitales.
Procurar un mayor acceso a los mercados de Estados Unidos y Canadá para los prestadores de servicios financieros e inversionistas mexicanos.
Promover una mayor integración de los mercados de telecomunicaciones de los tres países.
Promover una protección eficaz de la propiedad intelectual, manteniendo un equilibrio entre el interés público y el de los innovadores.
Promover la certidumbre del comercio y las inversiones: México hace una defensa de los mecanismos de resolución de controversias y busca incorporar nuevos mecanismos de transparencia dentro del acuerdo.
Consolidar el régimen legal de las empresas productivas del Estado que les permitan una operación comercial eficiente.
Modernizar todos los mecanismos de solución de controversias previstos en el TLCAN para hacerlos más agiles, transparentes y eficaces.
Promover la libre competencia, mejorando la cooperación y el intercambio de información entre autoridades, a fin de mantener la eficiencia de los mercados y la protección de los derechos de los consumidores.
Brindar certidumbre jurídica a los proveedores mexicanos en procedimientos de contratación pública en la región de Norteamérica.
La Secretaría de Economía reconoció que “el reto no será sencillo”, pero afirmó que tiene “la experiencia, los conocimientos y el firme compromiso de velar por los intereses de México”.