El panorama para avanzar con la interrupción legal del embarazo en Jalisco y lo que tiene que ver con los apoyos y servicios en este sentido es muy negro. Los funcionarios que atienden a las usuarias tienen muchas resistencias y hay poca firmeza de las autoridades para quienes incumplen con lo que se supone que tienen que hacer.
En entrevista, Patricia Ortega, investigadora de la UdeG, aseguró que la capacitación y la sensibilización de los funcionarios, que se supone que tienen que atender a las usuarias, es aún un tema pendiente, lo que dificulta que se cumpla el Código Penal, el programa de Interrupción Legal del Embarazo o la Norma 046 en el estado.
Por otra parte, la despenalización del aborto es un tema al que el Congreso de Jalisco no le ha querido entrar: “Acá en el estado se mueve el bloque conservador, el de la ultraderecha, con mucha fuerza y pues siguen haciendo su trabajo de presionar. Entonces yo no veo en esta legislatura la posibilidad de que se meta una iniciativa de despenalización que realmente tenga condiciones de éxito. A nivel federal tampoco se ve que se vaya avanzando. El sistema de derechos sexuales y reproductivos de la mujer no creo que sea una prioridad para el gobierno federal tampoco”.
En donde sí hay avances es en términos organizativos, lo que se puede llamar “despenalización social”. Las chicas están más abiertas a la discusión y a defender lo que es la realidad del problema. Explicó que mucha gente está tomando posición a favor de la despenalización del aborto, pero en términos legales siguen los obstáculos.
El artículo 229 del Código Penal, señala que está permitido que una mujer interrumpa el embarazo siempre y cuando haya sido víctima de una violación o esté en peligro su vida. Lo que ocurrió de manera reciente, en 2017, fue que se publicó un programa estatal de interrupción legal del embarazo, pues antes no había una forma operativa de acceder a ese derecho. Así comenzó una labor de observación por parte de algunas instancias del gobierno para que se cumpla y se otorgue este servicio.
Sin embargo, la resistencia de algunos sectores de la Secretaría de Salud hace que se realicen los abortos, pero de mala manera: “Se hace a cuenta gotas o a costa de darle un trato cruel y denigrante a las usuarias que lo solicitan. Está en términos formales la cuestión de la ley, ya está establecido, ya se sabe a quién le toca, a dónde tiene que acudir y qué movimiento se tiene que seguir. Pero cuando se llega a solicitar un servicio no siempre es que se resuelva de la manera en que dice el programa. A veces se resuelve, pero sí, con ese costo para las mismas chicas, con ese margen de acción que tiene el funcionariado cuando te tiene frente a sí y entonces te vacía ahí todo su bagaje cultural, su ignorancia, todo te lo echa encima, entonces ante el estado de vulnerabilidad en el que llegan las mujeres, ese es el paso es que el que hace falta dar”, dijo la investigadora.
Para la académica y feminista, hay carencias en las universidades que instruyen sobre los servicios de salud, ya que no incorporan el marco de derechos humanos: “Aunque son médicos y médicas jóvenes, todavía traen todas las taras que le hereda la cultura patriarcal que le transmite el maestro. Ahí también está fallando, no va a ser posible que con una capacitación o unas horas o semana el personal logre vencer todas las taras heredadas de la cultura patriarcal. Eso requiere un proceso largo. La formación de la licenciatura tendría que resolver eso, de modo de que cuando egrese ese personal médico ya vaya en el marco legal de los derechos humanos”.
La Secretaría de Salud reporta que, desde 2017, han acudido a solicitar el servicio de interrupción del embarazo entre 6 y 12 mujeres al año. Sin embargo, bastaría con hacer un ejercicio estadístico para saber cuántas mujeres tienen un embarazo no deseado y recurrirían al aborto, por ejemplo: el año pasado, en octubre, la Fiscalía reportó mil 900 denuncias de violencia sexual, de las cuales mil 750 eran de menores de edad y en Secretaría de Salud habían atendido a 150 personas: “Obviamente hay una gran diferencia entre las que llegan a Fiscalía a denunciar y las que llegan a la Secretaría de Salud, digamos que no todas, las mil 900 van a vivir un embarazo por violencia sexual, pero la estadística da que al menos el 20 por ciento de las relaciones sexuales sin protección da como resultado un embarazo, si se saca el 20 por ciento de las mil 900 [380], esas son las que van a vivir un embarazo, y de esas está llegando la cuarta parte a la Secretaría de Salud a solicitar la interrupción del embarazo”, dijo la especialista.
Que sólo acudan entre 6 y 12 mujeres por año, a Ortega le parece un fracaso del servicio: “Trabajan para que las chicas desistan de su intención de interrumpir su embarazo por violación. Llegan a la Secretaría de Salud y les niega las acciones, desde que les piden una denuncia, luego llegan con el ecosonografista y le dicen ‘qué bonito su bebé’, cuando pasan con la psicóloga les dice que las mujeres nunca se reponen de un aborto o con el médico y le dicen ‘sí, si quiere le hacemos el aborto, nomás que se puede morir en el intento’, todo eso implica que las chicas desistan su solicitud”.
CGE