CIUDAD DE MÉXICO.- La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas para impedir que el juicio de amparo se utilice para “obstaculizar” el funcionamiento de las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE), así como la aplicación de ordenamientos en materia de austeridad republicana y remuneraciones de los servidores públicos.
La adición al artículo 129 de la Ley de Amparo impediría a los jueces otorgar suspensiones contra leyes y resoluciones que tengan por objeto “fomentar la operación y funcionamiento de las empresas productivas del Estado”. Esto, después de que al menos dos jueces concedieron cerca de 25 suspensiones contra la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica.
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“El objeto de esta iniciativa es evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servidores públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado”, señala en su exposición de motivos.
Por conducto de la diputada Reyna Celeste Ascensio, el grupo parlamentario de Morena advirtió que la Cuarta Transformación tiene por objetivo “acabar con la corrupción, la burocracia dorada y el criminal saqueo en las empresas propiedad del Estado, pues históricamente los altos salarios, los negocios al amparo del poder y el desmantelamiento de la CFE y Pemex fueron una práctica recurrente de gobiernos anteriores”.
Por ello, cuestionó la impugnación del sector privado a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y el otorgamiento de suspensiones por parte del Poder Judicial.
“Como se aprecia, ni siquiera se ha realizado ningún acto de aplicación de la reforma, y como acto reflejo se impugna judicialmente, e igualmente, como acto reflejo, algunos jueces están otorgando la suspensión sin analizar debidamente si existe un interés público superior que deba privar en la materia”, acusó.
Adicionalmente, la propuesta prevé impedir la suspensión de las disposiciones orientadas a reducir las remuneraciones de servidores públicos, como las de los integrantes del Consejo General del INE y otros organismos autónomos.
“Con esta iniciativa no se está reduciendo de modo alguno el legítimo derecho de defensa judicial, pues los que son beneficiarios de la corrupción del pasado y que aún permanecen en la burocracia dorada podrán seguir impugnando judicialmente, pero en consideración de esta esta proponente, ya no deben seguir gozando de la suspensión del acto reclamado”, señaló.
ard