Durango cuenta con el único Centro de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes en el país, donde especialistas de diversas ramas armonizan conocimientos y experiencia con el objetivo de garantizar una adecuada procuración e impartición de justicia para los menores de edad víctimas de delito.
Creado gracias a la iniciativa del gobierno y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, el Centro alberga al primer Juzgado Especializado en Materia Familiar y Control y Enjuiciamiento para Niñas, Niños y Adolescentes del Primer Distrito del Poder Judicial del Estado de Durango, mismo que entró en funciones el 2 de mayo de 2017, en el que, hasta el momento, se han desahogado 128 causas penales por delitos de violencia familiar, violación y abuso sexual.
La titular del órgano jurisdiccional, juez Yilma Leonila Rivera Estrada, destacó el trabajo que se ha desarrollado en este Centro. Por desgracia en México, los menores de edad no se encuentran exentos de ser víctimas de la comisión de un delito y por ello existe la necesidad de canalizarlos de la mejor manera posible. Gracias al trabajo que realiza el Tribunal Superior de Justicia y el Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial, en conjunto con la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública, así como el DIF del estatal, los menores son atendidos en una sola área sin la necesidad de trasladarlos de un sitio a otro.
Anteriormente, el menor de edad que había sido víctima de algún delito, debía acudir a las oficinas de la Fiscalía, enseguida al Servicio Médico Forense en caso de agresiones físicas o sexuales, además de otras áreas cuyo ambiente pudiera resultar hostil para la niñez. La especialista explicó que además se han modificado los protocolos relacionados con las entrevistas a las que anteriormente se sometía a la víctima, quien debía relatar lo sucedido al ministerio público, al médico legista, al psicólogo, entre otros profesionales.
Ahora se evita la revictimización y solamente el menor de edad debe relatar lo ocurrido al ministerio público y los demás especialistas deben apoyar su trabajo a través de ese documento. Cada uno cuenta con los conocimientos suficientes para contrastar lo relatado por el menor con las evidencias que ellos logren acopiar; de esta forma se puede identificar si el menor mantiene una narrativa creíble o ha sido aleccionado.
La juez, recordó que existen jurisprudencias que obligan a la autoridad a considerar la declaración de un menor alejada de malicia, ya que sus expresiones son de buena fe. Desde la creación del Centro de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes, el cual se ubica actualmente en las instalaciones del DIF estatal y que pronto contará con sus propias instalaciones, dentro del mismo, se han dictado dos sentencias condenatorias y el resto se encuentran en etapa intermedia.