CIUDAD DE MÉXICO.- A dos semanas del comienzo de operaciones de la Guardia Nacional ya están distribuidos 61 mil elementos de las fuerzas armadas y de la Policía Federal en el país y esperan en el transcurso del año otros 21 mil 170 elementos de nuevo ingreso, a los que se les pagarán 18 mil pesos al mes.
En entrevista con MILENIO, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aclaró que el sueldo para los nuevos elementos no busca competir con lo que ofrece el crimen, ya que este gobierno apuesta en el interés por servir al pueblo, la lealtad a la patria y la honestidad.
“No se trata de competir con el crimen organizado, ¡absolutamente no!, quien entre a la Guardia, más allá de una elemental aspiración de adquirir un sueldo digno y prestaciones sociales, también tiene el compromiso de servir a la sociedad y si no tienen el compromiso desde ahorita les digo: ‘¡ni se acerquen!’
“Parte del reto que tenemos es combatir la corrupción, las complicidades del personal uniformado con el crimen, lo ha dicho López Obrador, vamos a acabar con el crimen uniformado, que no quede duda”, destacó.
Explicó que están siendo moderados, pues aunque se requieren más elementos, es esta la capacidad máxima con que cuenta el Ejército, Marina y Policía Federal para entrenar a los nuevos.
El personal que ya está en las calles, dijo, “va a tomar” 584 horas de capacitación sobre el “Nuevo Sistema de Justicia Penal, derechos humanos, uso de la fuerza y como primeros respondientes”; mientras que los de nuevo ingreso recibirán cursos de 984 horas con “capacitación homologada a las fuerzas armadas, porque queremos que tengan una formación homologada a la militar o a la naval”.
La homologación, en capacitación como en sueldos con prestaciones más altas, se estima concluya en año y medio, a pesar de que el transitorio constitucional da un rango de cinco, pues “mientras más reduzcamos el plazo, más pronto daremos resultados”.
Los 61 mil elementos desplegados son 35 mil policías militares, 8 mil navales y, en una primera etapa, 18 mil de la PF, los cuales se duplicarán en año y medio, cuando concluya la transición.
El objetivo es tener al final del sexenio 150 mil elementos, con base al promedio por habitantes que estima la ONU.
También están distribuidos 450 elementos para las zonas de mediana incidencia delictiva y 360 en las de menor, pero una vez que estén las 250 coordinaciones regionales en operación se ajustará a 600 y 300 elementos.
Durazo dijo que con esta primera distribución se cubre “todo el territorio, aunque en zonas más amplias, agrupando algunas que trabajarán de manera independiente en los próximos años”.
Puso como ejemplo Guanajuato, Michoacán y Jalisco, donde hay un despliegue total por sus niveles de violencia, y otros como Baja California, donde se priorizó a Tijuana; Chihuahua, con Ciudad Juárez; Tamaulipas, con Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa; Guerrero, con Acapulco, y Culiacán, en Sinaloa.
dezr