Familiares de víctimas se manifestaron afuera de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) ante la lentitud de la dependencia para dar repuesta a los casos de abuso sexual infantil ocurridos en la primaria Marco Antonio Montes de Oca, en Zapopan, en enero del 2020.
Las autoridades educativas argumentaron que se vieron obligadas a detener la investigación por seis meses debido a la pandemia. Hoy señalaron que las madres y padres de familia solicitaron agregar más información a la investigación que estaba casi completamente integrada, lo que atrasará más el caso.
Los familiares puntualizan que el plantel educativo debería tener dichos datos, pero no ha querido proporcionarlos. Se trata del registro del rol de guardias de los docentes que se encontraban a cargo de las áreas donde fueron abusadas sexualmente sus hijas por tres de sus compañeros de clase.
La encargada de Control Interno de la SEJ, Aymee Yalitza de Loera, añadió que se encuentran dentro de tiempo para resolver el caso, ya que la ley general de responsabilidades otorga un plazo de tres años para sancionar a servidores públicos por cualquier conducta. A la fecha, los acusados por omisión en el caso son dos profesores y la directora de la escuela.
Será hasta que la justicia determine la responsabilidad que el profesorado será sancionado, por lo que actualmente siguen con el mismo cargo y salario, según señaló De Loera, aunque en entrevistas pasadas, la secretaría había informado que habían sido separados de su puesto y transferidos al área administrativa.
Hasta hoy, las niñas que sufrieron el abuso siguen presentando secuelas. Sus madres exigen a la SEJ que aplique la sanción máxima en contra de los docentes involucrados en el caso.
CGE