GUERRERO.- Violeta Fox, la primera mujer trans que compitió como candidata a una diputación por el distrito 4 en Acapulco, reveló que fue víctima de violencia política en razón de género, las pasadas elecciones del 6 de junio, cuando representó al partido Fuerza por México en Guerrero.
“Guerrero es una sociedad machista y misógina, no se considera que una persona trans pueda desempeñar un cargo público”, explicó Violeta sobre las agresiones o comentarios que recibió durante su campaña.
Por otra parte, Ruperta Nicolás Hilario, alcaldesa de Iliatenco durante el periodo 2018 - 2021, también ha enfrentado violencia política de género a lo largo de su gobierno y en tres campañas políticas por la presidencia del municipio de Me’phaa, en La Montaña de Guerrero.
A ella se dirigían las pintas con la frase: “Las viejas no saben gobernar” que se percibieron en el periodo de campañas en diferentes puntos de la carretera, postes de luz, bardas y casas del municipio de Iliatenco. En entrevista, explicó que los partidos de oposición se unieron contra su reelección porque “sabían que estaban en desventaja”, lo que los orilló a intimidarla a ella y a su equipo.
“No comparto que traten así a una mujer que tiene aceptación, por más que tanto quieren estar en el poder. Viene mucha gente de afuera que ve (las pintas), y eso afecta, genera un rechazo a la persona”, mencionó.
Aunque el tribunal federal confirmó la violencia política en razón de género hacia Ruperta Nicolás, los votos no le favorecieron; pero recuerda que cuando ganó en 2018 fue difícil revertir las agresiones durante su gestión.
“No queremos que fuereños nos vengan a gobernar”, le decían en alusión a su esposo, quien no es de Guerrero, pues, agregó, suponían que ella no tomaría las decisiones de su propia gestión.
En el Primer Informe sobre Violencia Política contra las Mujeres en el Estado de Guerrero en el Proceso Ordinario 2020 – 2021 se señalan 45 casos documentados, de los cuales, cuatro fueron en contra de mujeres indígenas, como Eneida Lozano Reyes, aspirante a concejala del Gobierno Municipal de Ayutla de los Libres, quien sufrió amenazas de muerte y acoso por parte de grupos adversarios.
En tanto Edith Ramírez Santos, tuvo que anunciar en conferencia de prensa su renuncia a una candidatura debido a que sufrió presiones por parte del contendiente a presidente municipal de su mismo partido político, quien argumentaba que era demasiado joven, “aniñada” y que carecía de experiencia.
El caso de Juventina Asencio Iglesias, defensora del territorio contra las mineras en San Juan Tetelcingo, uno de los pueblos nahuas del Alto Balsas, en la región Norte del estado desde hace 18 años, se suma a los documentados en el informe realizado por Equipos Feministas A.C.
El partido Morena la buscó para ser candidata a diputada federal. Ella inició la precampaña en los pueblos de su municipio: Tepecoacuilco, Huitzuco, Atenango, Copalillo, Iguala, Taxco y Pilcaya, pero todo concluyó con un juicio electoral ciudadano debido a que los espacios asignados a candidaturas de representantes de los pueblos originarios fueron usurpados.
Juventina impugnó el acuerdo de candidaturas que llegó a la Sala Superior del Tribunal Estatal Electoral, pero los documentos que presentó fueron desconocidos por quienes presuntamente los habían suscrito.
“Impugné, gané y pusieron a otra persona que ahora funge como regidora ahí en Chilapa, que no se registró (en el proceso interno)”, lamentó en entrevista sobre lo que le sucedió al ser borrada de los registros del partido guinda.
Cabe mencionar que estas elecciones se incentivó la participación de mujeres en campañas, lo que permitió a Marben de la Cruz Santiago ser diputada luego de seis años de trabajo partidista. Con orgullo, dice, asumió su triunfo y su identidad afromexicana para representar a esta comunidad.
“No es para que los partidos políticos festejen, es para decir: estamos haciendo justicia”, expresó en entrevista sobre su cargo en el Congreso local.
En 2015, con 25 años de edad y como activista por el reconocimiento de la población afromexicana, Marben de la Cruz Santiago fue candidata de un partido de nueva creación a la alcaldía de Marquelia, en la Costa Chica de Guerrero.
Sin embargo, sufrió violencia política contra las mujeres en razón de género, pues lo primero que le dijeron fue que “cómo tan joven nos va a gobernar, es soltera. Sí, está bien que sea mujer, pero que sea casada”.
Al respecto, la consejera electoral, Vicenta Molina Revuelta, recomendó agotar las instancias para la presentación de denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, tanto en los órganos internos de los partidos, como en el IEPC y en tribunales.
Por su parte, Roberto Rodríguez Saldaña, titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), consideró que en este proceso electoral hubo más mecanismos para que las mujeres pudieran denunciar ya sea vía telefónica, por correo y redes y no sólo de forma presencial.
“Una particularidad es un convenio que se firmó entre las mujeres que participan en la vida política del estado y los órganos electorales como es el tribunal o el IEPC”, agregó.
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