Por Rubén Mosso
En un hecho inédito, el FBI ofreció una de las recompensas más altas de su historia, porque puso un precio de 20 millones de dólares a la cabeza del narcotraficante mexicano, Rafael Caro Quintero, para que sea juzgado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, crimen cometido en 1985.
El ofrecimiento se da a días de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta un amparo que promovió el capo para no ser extraditado. El proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea propone negar la protección de la justicia a Caro; de prosperar, el asunto regresará a un tribunal colegiado que resolverá en definitiva la suerte del delincuente.
Ninguna agencia de Estados Unidos había ofrecido una recompensa tan alta por un capo mexicano, ni siquiera por los líderes de los cárteles del Golfo y de Sinaloa, Osiel Cárdenas Guillén, El Mata Amigos, y Joaquín El Chapo Guzmán, respectivamente.
Russ Ellersick, agente especial del FBI en la división de Seattle, quien investiga el caso, declaró que Caro Quintero “tenía un tremendo poder hace tres décadas” y hoy todavía mantiene ese poder porque el capo unió al cártel de Sinaloa que encabeza Ismael El Mayo Zambada.
Ellersick dijo que el FBI está trabajando con la DEA, el Servicio de Marshals y el Departamento de Estado EU, motivo por el cual se está otorgando la recompensa de 20 millones de dólares.
En México, las fuerzas federales buscan a Caro para que termine de cumplir la sentencia de 40 años de prisión que se le impuso por el asesinato de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.
El 9 de agosto de 2013, Caro Quintero recuperó su libertad tras permanecer 28 años de prisión, porque un tribunal colegiado le concedió un amparo; la Procuraduría General de la República llevó el caso a la Corte y el 6 de noviembre del mismo año la Primera Sala revocó la sentencia.
En diciembre de 2013, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, reveló que Caro Quintero envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, en la que solicitó que no se le persiguiera más, porque lo que tenía que pagar ya lo saldó en prisión.
La misiva también fue dirigida a Murillo y al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, donde el capo aseguró que existía una persecución por parte de Estados Unidos contra su familia.
Hasta enero de 2015, el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Guadalajara, en acato al fallo de la Corte declaró de nuevo penalmente responsables a Rafael Caro y Ernesto Fonseca, Don Neto, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado, y determinó que Caro debía cumplir con los 12 años de prisión que le faltaban, por lo que se ordenó reaprehenderlo.
En su engrose de sentencia, la Primera Sala de la Corte señaló que el extinto agente de la DEA se encontraba en una misión diplomática cuando fue asesinado en México.
La Sala enfatizó que en 1973, en nuestro país entró en vigor la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, la cual fue concebida en Nueva York en ese año, la cual les otorga inmunidad.
En la sentencia de 64 cuartillas, a la que MILENIO tuvo acceso, la mayoría de los ministros señalaron que dicha convención fue creada como un paliativo para los crecientes atentados en contra de agentes diplomáticos en diversas partes del mundo a mediados del siglo XX.
La Primera Sala destacó que dentro de la estructura de la DEA, Camarena Salazar era agente de investigación criminal, debido a lo cual tenía funciones de recolección de evidencia, vigilancia y análisis de acciones de contrabando, y colaboración en el arresto de los sospechosos de emprender las mismas.
Debido a lo anterior, su puesto de agente de investigación criminal era clasificado con la clave 1811 del Personal de los Estados Unidos, lo cual implicaba que su puesto conllevaba de forma inherente funciones de planeación, conducción y manejo de investigaciones relacionadas con violaciones a leyes federales.
“Por otro lado, también se encuentra acreditado en autos que Enrique Camarena Salazar era un agente de la DEA adscrito a la misión diplomática de los Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco, cargo en virtud del cual se le encomendó la función de investigar las actividades llevadas a cabo por Rafael Caro Quintero, consistentes en la posible comisión de delitos contra la salud”, apuntó la Sala.