La Procuraduría General de la República solicitó a Citizen Lab participar en la investigación de las 11 denuncias presentadas por periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y políticos (Roberto Gil e Ivonne Ortega), por presunto espionaje, clasificado como acceso ilícito a equipos de cómputo e intervención de comunicaciones privadas, informó Ricardo Sánchez, fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
También se ha solicitado, dijo, la colaboración oficial del FBI, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas, a la Escuela Superior de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, a la Asociación Mundial de Operadores Móviles, con sede en Londres, y a una empresa privada especialista en seguridad.
En entrevista con Carlos Marín, director general editorial de Grupo MILENIO, en el programa El asalto a la razón, el responsable de las investigaciones de la PGR sobre el presunto espionaje aseguró que, como un primer paso de la indagatoria, “se solicitó a las empresas telefónicas resguardar la información y evitar que se pierda”.
Explicó que “la ley general de telecomunicaciones establece un término de dos años como obligación para las telefónicas de resguardar esa información y entre los mensajes que han sido señalados por los denunciantes algunos exceden ya el periodo que tienen de resguardar la información”.
Al ser cuestionado por qué los denunciantes tienen que confiar en la investigación de la PGR si es una institución de gobierno a la que se le acusa de haberlos espiado. Sánchez explicó que, constitucionalmente, “la única facultada para hacer este tipo de investigaciones es la Procuraduría General de la República”.
Expuso que a los quejosos se les pidió presentar sus teléfonos para que sean analizados “frente a ellos, con la participación de quienes ellos decidan”, pero aclaró que ninguno ha accedido.
—¿No es cosa de entregar el aparato y a ver dentro de dos semanas qué me dicen? —preguntó Marín.
—Para nada, se entrega el aparato en presencia de ellos, se hace el análisis científico que es necesario, se hace una conexión con aparatos que puedan detectar la existencia de este malware o de otro tipo, y en esta actividad participarán los expertos técnicos invitados frente a los propietarios —dijo.
Se requiere, señaló, “la fijación de los mensajes y determinar si efectivamente ese mensaje se encuentra dentro del aparato, y es necesario también tener la autorización para acceder a la sábana de las llamadas de ese teléfono”.
Sánchez aclaró que “la PGR no pedirá todas las llamadas de los afectados, si la persona señala que el mensaje le llegó el 10 de julio, vamos a pedir los mensajes, no las llamadas telefónicas de ese día, para señalar el mensaje posiblemente malicioso y determinar que efectivamente un número A envió un mensaje a un número B, a través de las geolocalizaciones”.
—¿Qué ocurre con quienes no faciliten el celular?
—La investigación de un delito requiere tener la mayor cantidad de elementos para, en su caso, poder judicializar esto frente a un juez, que va a tener elementos objetivos científicos que nos permitan determinar la existencia de un delito; de lo contrario, el juez no va aceptar una consignación para una situación de esta naturaleza”.
El funcionario agregó que se pidió a los afectados acudir a la procuraduría para conceder su autorización para conocer la sábana de llamadas de los días específicos, en los que ellos han afirmado que hubo este intento de invasión.
El fiscal expuso que la dependencia aún no ha determinado si la empresa israelí NSO Group, que les vendió el software Pegasus a las instituciones lo vendió a alguien más, “son las partes en las que estamos trabajando todavía”, señaló.
‘THE NEW YORK TIMES’ HIZO LA REVELACIÓN
El pasado 19 de junio The New York Times reveló que periodistas y activistas mexicanos fueron hackeados con el software espía Pegasus, que fabrica la empresa de espionaje israelí, NSO Group, y en el cual presuntamente al menos tres agencias federales mexicanas invirtieron 80 millones de dólares. La invasión a los teléfonos la confirmó el centro de estudios de la Universidad de Toronto, Citizen Lab.
El mismo día, periodistas y activistas presentaron una denuncia ante la PGR por la presunta intervención de sus teléfonos y solicitaron a la CNDH medidas cautelares.
El 22 de junio, el presidente Enrique Peña, negó de manera categórica que su gobierno irrumpa en la vida privada mediante el espionaje.
El jueves de la semana pasada integrantes del GIEI, quienes coadyuvaron en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de una carta la posibilidad de haber sido víctimas de intento de espionaje en México, situación que confirmó días después el Citizen lab.
Con información de Elia Castillo/México.