MÉXICO.- Bajo la premisa de que la pandemia de coronavirus sigue haciendo sentir sus estragos sanitarios en Nueva York, Estados Unidos, los fiscales que llevan el caso de Genaro García Luna pidieron al juez que la próxima audiencia, programada para el próximo 17 de febrero, se posponga por 60 días más.
Los fiscales sostuvieron en una misiva, dirigida al juez Brian Cogan, que ambas partes están de acuerdo en retrasar el inicio del juicio, basados en la designación de “caso complejo” decretada por el Departamento de Justicia en febrero de 2020.
Además, aseguraron que hasta la fecha han logrado acumular un expediente de 974 mil hojas de pruebas y comunicaciones interceptadas en contra del ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En el documento, firmado este jueves el equipo de fiscales, encabezado por el afamado Seth DuCharme, explicó que el gobierno de Estados Unidos –al que representan en el caso– está esperando la respuesta de algunas citaciones pendientes, incluidas algunas en contra del ex secretario y sus empresas.
Alegaron que, por la pandemia de coronavirus, la fiscalía de Brooklyn ha vista limitada su capacidad de reunirse con potenciales testigos incriminadores y por su parte, la defensa encabezada por el abogado de oficio, César de Castro, no ha podido reunirse con su cliente.
DuCharme agregó que han solicitado requerimientos de evidencia, a través de tratados de asistencia legal mutua en contra de García Luna que, presuntamente, está en posesión de varios gobiernos extranjeros, sin detallar de qué países, y de los que también esperan respuesta.
Sobre el expediente de casi un millón de hojas, los fiscales adelantaron que a pesar del voluminoso tamaño, aún esperan hacer más descubrimientos de evidencia incriminatoria en contra de García Luna en las próximas semanas.
Recordaron que, en diciembre pasado, luego de la inspección de algunos aparatos electrónicos, hallaron pruebas nuevas que sumaron 19 mil hojas al expediente en contra del encargado de la seguridad del país en la administración de Felipe Calderón. Entre ellas, se encuentran presuntos expedientes financieros que probarían la participación de García Luna en la estructura del cártel de Sinaloa como se le acusa.
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