CIUDAD DE MÉXICO. - La Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina deberá revelar el estatus en el que se encuentran las investigaciones iniciadas desde 2014 en contra de 43 ex funcionarios del gobierno de la ciudad, involucrados en la construcción de la Línea 12 del Metro, esto por tratarse de un tema de interés público y estar relacionado con presuntos actos de corrupción.
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Esto lo determinó el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), al resolver un recurso de revisión presentado por MILENIO en contra de una respuesta entregada por la Fiscalía de Justicia a una solicitud de transparencia.
La FGJ se negó a informar cuál es el avance que hay en cada uno de los procesos penales abiertos desde 2014 en contra de funcionarios del gobierno capitalino, acusados por las irregularidades que en ese año ocasionaron el cierre de la línea.
En su resolución, el pleno del INFOCDMX determinó revocar la respuesta negativa de la Fiscalía y le ordenó informar el número de expediente con el que se identifica cada una de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que se iniciaron a partir de 2014 en contra de personas funcionarias públicas, así como el estado procesal de cada una de las averiguaciones o carpetas y además por el delito del cual se inició la investigación.
Ese año, la Contraloría General del gobierno de la ciudad, entonces encabezada por Hiram Almeida, informó de la presentación de denuncias penales contra los servidores públicos a los que, por su parte, impuso sanciones administrativas y multas.
De la presunción de inocencia al interés público
El argumento que la FGJ dio a MILENIO en su respuesta a la solicitud de transparencia fue que dar a conocer esa información vulneraría la presunción de inocencia de los personajes implicados.
“De informarse lo requerido, se podrían generar juicios sobre su reputación, pues tendría efectos inmediatos sobre la percepción que se tiene sobre éstas, lo que provocaría un daño en su dignidad humana de manera irreparable”, alegó la Fiscalía.
El caso fue expuesto ante el pleno del INFOCDMX por la comisionada María del Carmen Nava, quien aseguró que “existe un interés público de la ciudadanía de conocer el contenido de dicha información, al tratarse de actos presuntamente constitutivos de delitos, probablemente ejecutados por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y derivados de la construcción de una obra pública”.
Nava argumentó que “la publicidad de la información es adecuada, pues no se trata de una invasión a la intimidad de las personas involucradas, sino de hacer transparente un proceso penal que está inmiscuido con el erario público”.
Dijo que se trata de “información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual”.
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