En Saltillo, Coahuila, el Fiscal General Gerardo Márquez ofreció una conferencia de prensa tras darse a conocer las sentencias y lo que buscará este organismo de justicia luego de que Estados Unidos impuso contra el ex gobernador interino Jorge Juan Torres López.
Sobre ello, Márquez Guevara, indicó que irán por la recuperación de los recursos y no tanto por que el ex gobernador pague por un delito en Coahuila.
“La Fiscalía General ha solicitado documentación que permitan ser allegada a la carpeta de investigación desde que se toma conocimiento por medio de la prensa”.
Señaló que durante su encargo como Gobernador, obtuvo algunas regalías con el objetivo de conceder contratos a empresas.
Esos recursos fueron transferidos a dos bancos con un montón de más de dos y medio millones de dólares.
La fiscalía solicitó a Estados Unidos los recursos de transcripción y audios de los testimoniales de dos sujetos más que aparecen en el proceso legal.
“Estamos pidiendo los registros de la investigación sobre los bienes inmuebles y cuentas bancarias en los Estados Unidos y si hay cuentas diversas en el país”.
Los registros de la sentencia, los audios y videos serán buscados por la justicia de Coahuila, donde se analiza el cuadrar el delito de “cohecho”.
Se han solicitado que al estado se considere en “la fila” respecto al derecho de grabar los bienes que les fueron incautados a favor del estado de Coahuila.
Señaló que es “inviable” que Coahuila lo sentencie por los mismos delitos que en Estados Unidos, sin embargo, van por los bienes hechos por ese proceso.
CONDENAN A 3 AÑOS DE PRISIÓN A JORGE TORRES LÓPEZ
Jorge Torres López, ex gobernador interino del estado de Coahuila, fue condenado a 3 años de prisión federal en Estados Unidos, por el delito de lavado de dinero. Cabe mencionar que se tendrá en cuenta el tiempo que pasó en prisión previamente en México y en Estados Unidos, por lo que dicha pena puede ser reducida.
Fue el 5 de febrero de 2019 que el ex mandatario fue detenido en México, en donde permaneció hasta su extradición a Estados Unidos el 29 de octubre de ese mismo año.
Ahora, tras la sentencia emitida, permanecerá bajo custodia en espera de que se determine en un futuro cercano cuál será instalación de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos a la que será trasladado.
El político fue condenado a prisión federal en la ciudad de Corpus Christi, en el estado de Texas, debido a su participación en un plan de lavado de dinero que incluye delitos contra una nación extranjera que involucran el soborno de un funcionario público, de acuerdo con lo anunciado por la fiscal federal interina Jennifer B. Lowery.