CIUDAD DE MÉXICO- Tras el colapso de la Línea 12 del Metro del pasado 3 de mayo, los diez ex funcionarios del Sistema de transporte colectivo (STC) investigados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx) por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, comparecen ante un juez de control.
La audiencia inició aproximadamente a las 11:15 horas la sala 7 de los juzgados orales del Tribunal Superior de Justicia capitalino, ubicados en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, donde la Fiscalía acusará a los ex servidores públicos por la muerte de 26 personas y las lesiones de otros 98 durante el derrumbe del tramo elevado de la Línea Dorada.
Los diez imputados se encuentran en la sala oralidad número siete.
Constructoras no han sido vinculadas tras colapso: abogado
Minutos antes del inicio de la comparecencia, el abogado Cristopher Estupiñan, quien representa a 14 víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro, destacó que se encuentran inconformes con la manera en que se ha llevado el caso por parte de la Fiscalía capitalina, al señalar que aún no se ha vinculado a ninguna de las empresas constructoras, ya que solamente se han imputado a ex funcionarios del gobierno.
“No estamos del todo conformes con cómo se está llevando la situación, toda vez que están pretendiendo inicialmente señalar a probables responsables que puede tuvieron que ver con la administración, no hay ningún señalado de las empresas todavía”.
Añadió que no aceptarán que se cree un fondo administrado por la Comisión Nacional de Atención a Víctimas o por quién designe el gobierno de la ciudad, al indicar que esto no es un tema de apoyos, sino de una indemnización justa y reparación integral, de manera que pidió a las empresas que den la cara a las familias de los afectados.
Entre quienes comparecerán este lunes están el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, y el ex director de Construcción de Obras Civiles, Moisés Guerrero Ponce, quienes, además de otras personas, cuentan con suspensiones provisionales que impiden su detención en caso de que se hayan librado mandamientos judiciales en su contra.
Las demás personas que comparecerán ante el juez son: Héctor Rosas Troncoso, ex subdirector de Obra Civil “C”, y Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, ex director responsable de obra para la Construcción de la Línea 12 del Metro.
Fernando Ramiro Lalana, ex director de coordinación de supervisión de obra, ex encargado de realizar la supervisión y autorización de planos y proyectos; Ricardo Pérez Ruiz, ex encargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural, y Fernando Amezcua Ordaz, ex director general de Supervisión de Obra, quien era representante legal de LYTSA, IACSA y EINSA.
Así como Juan Carlos Ramos Alvarado, ex residente de obra en el tramo Olivos-Tezonco; Juan Antonio Giral y Mazón, ex director de Diseño de Obras Civiles del Proyecto, y Enrique Baker Díaz, ex subdirector de estructuras o ingeniería.
El pasado 14 de octubre, la fiscal general capitalina, Ernestina Godoy, dio a conocer los resultados del peritaje elaborado por su dependencia, el cual concluyó que el desplome del tramo elevado en la alcaldía Tláhuac se debió a errores en su diseño y construcción.
Anunció el inicio de los procesos judiciales contra personas físicas, “tanto particulares como ex servidores públicos”, y contra las empresas que participaron en la construcción; además, advirtió que el Ministerio Público cuenta con elementos suficientes para formular más imputaciones contra quienes tuvieron bajo su responsabilidad la edificación de la llamada Línea Dorada.
En este sentido, el 19 de octubre, el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, confirmó que la institución solicitó audiencia ante un juez de control para imputar a diez personas por los delitos de de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos.
Dijo que la carpeta de investigación se judicializó sin detenido y que no se pidieron órdenes de aprehensión contra los acusados e insistió en que la indagatoria no obedece a consignas políticas y no busca la fabricación o protección de culpables.
“Esta Fiscalía ha integrado una investigación robusta, transparente, apegada a la ley y basada en evidencia, y de ninguna manera obedece a consignas políticas ni busca la fabricación o protección de culpables”, dijo.
lvm